La Comunidad de Madrid ya detectó irregularidades en el máster de Cifuentes y Casado en 2013

Madrid

Es el único informe, el único estudio de seguimiento que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid sobre el polémico máster de derecho público de la Universidad Rey Juan Carlos que cursaron Pablo Casado y Cristina Cifuentes. El informe lo firma la Fundación Madri+D, una entidad que depende de la consejería de educación y cuyo objetivo es evaluar la calidad del sistema universitario madrileño. Se hizo poco después de que la expresidenta de la Comunidad consiguiera el título, en 2013, y ya entonces se detectaron distintas irregularidades que ahora la jueza que investiga este posgrado también ha criticado.

Entre otras irregularidades, el informe de la Fundación Madri+D destaca que el máster no aclara si es presencial o semi-presencial: "en la web dice una cosa, en la memoria de verificación otra"; constata que el posgrado no especifica la normativa que utiliza para la transferencia y el reconocimiento de créditos; que falta información en las guías docentes y que no está claro ni el sistema de toma de decisiones ni las normas de funcionamiento. La modalidad presencial, el reconocimiento de creditos o la opacidad en la gestión son cuestiones que ahora se han puesto también en duda a raíz de la instrucción judicial de los casos de Cifuentes y de Casado y que la Universidad y la Fundación, que depende de la consejería de educación, ya conocían desde 2013. Sin embargo, tanto la Rey Juan Carlos como la Comunidad de Madrid lo dejaron pasar. La Universidad no tiene constancia de que se aplicaran las correcciones y la Comunidad a pesar de este informe en contra renovó el título en 2013.  Desde la consejería de educación aclaran que no hubo más informes en años posteriores porque la Universidad Rey Juan Carlos solicitó la extinción del posgrado en noviembre de 2014.

Otro informe crítico de la propia URJC

La Universidad Rey Juan Carlos también elaboró un informe propio sobre el máster que impartía el Instituto de Derecho Público bajo la batuta del imputado catedrático Enrique Álvarez Conde. Ese informe se realizó nada más acabar el curso de Cifuentes, el curso 2011-2012, a raíz de las quejas y sugerencias de los alumnos del posgrado. Un informe que, en este caso, propone numerosas medidas encaminadas a mejorar los Trabajos Fin de Máster (TFM). Así, se propone que los directores se asignen en noviembre, que se apruebe un calendario de presentación de los resultados de esos trabajos con un primer informe en febrero y un segundo en abril, y que las fechas para la defensa del TFM se publiquen desde el inicio de curso. Se propone también hacer un seguimiento pormenorizado de la evolución del trabajo con reuniones individuales entre cada uno de los alumnos y el director del TFM.