La Comunidad está preocupada por el "tráfico de ocupación ilegal de pisos" del antiguo IVIMA

Madrid

La Agencia de Vivienda Social (AVS) tiene un problema. El antiguo IVIMA tiene bloqueado el 8’5% de su patrimonio público de viviendas, hablamos de casi 2.000 viviendas que no pueden adjudicar porque están ocupadas ilegalmente, tal y como ha adelantado la SER.

Ese nivel de ocupación se mantiene a raíz de la crisis económica y no ha variado en lo que va de legislatura. Desde 2015 esa cifra siempre ha sido la misma, según han apuntado dese la AVS. “El grado de preocupación es grande”, admite a la SER la directora de la Agencia de Vivienda Social, Isabel Pinilla, “necesitamos la ayuda de la policía para detectar el tráfico ilegal de viviendas, que existe. Hay gente que está pendiente de que reparemos una vivienda para ocuparla inmediatamente, aunque tenga puerta antivandálica”.

La AVS admite la complejidad de la situación al que, por ahora, no le encuentran solución. Conscientes del problema, han denunciado ya ante la policía la ocupación de cada uno de esos 1.998 pisos de patrimonio público. Lo hacen porque detrás de todos ellos hay un importante nivel de conflictividad, “las ocupaciones se hacen con violencia, con máquinas radiales que rompen las puertas. Hay un tráfico ilegal de ocupación ilegal de viviendas”.

Ante esta situación, la Agencia de Vivienda Social ha mantenido seis reuniones con la Delegación del Gobierno. En la última visita, la Comunidad de Madrid entregó un mapa con las zonas de mayor conflictividad. La peor situación se vive ahora mismo “en las promociones del Ensanche de Vallecas”, pero también tienen problemas serios se ocupación ilegal “en Móstoles y Fuenlabrada”.

La directora de la AVS avanza que desde 2015, por ahora, han conseguido desalojar 70 pisos ocupados de forma ilegal - siempre previa orden judicial-. No en todos los casos las viviendas han sido ocupadas de forma vandálica. Desde 2016, han tramitado 1.627 expedientes de viviendas ocupadas por familias con problemas económicos. De todos ellos, la Agencia de Vivienda Social ha resuelto 1.261 y ha regularizado la situación de 588 familias.

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Los otros 673 casos que no han sido regularizadas se debe a que no cumplían los requisitos “primero, tienen que demostrar que llevan ocupando la vivienda antes de enero de 2016, tienen que estar dispuestos a pagar un alquiler, por supuesto a dar de alta los suministros de agua, luz y gas. Otro requisito es que no pueden haber sido adjudicatarios de vivienda pública con anterioridad. Y por supuesto, que no sea una ocupación conflictiva”, señala Isabel Pinilla.

Esta opción es nueva. En 2015, el Gobierno madrileño, a través del entonces Consejero de Vivienda, Pedro Rollán, se reformó la Ley para que las personas que ocuparon alguna vivienda pública por su situación de vulnerabilidad pudiesen quedarse en el piso de forme legal.