Los acusados por vertidos ilegales en Membrilla y Manzanares defienden su inocencia
Este martes se ha iniciado el juicio contra diferentes cargos políticos del PP, entre los que se incluye el actual alcalde de Membrilla y el ex alcalde de Manzanares, y en el que Fiscalía pide penas de hasta dos años y medio de cárcel para ellos
Imagen del primer día de juicio sobre los vertidos ilegales de dos cooperativas de Membrilla y Manzanares / Cadena SER
El alcalde de Membrilla, Manuel Borja Menchén (PP), y varios acusados más, entre ellos exconcejales del Ayuntamiento o el exalcalde de Manzanares, el también 'popular' Antonio López de la Manzanara se sientan esta semana en el banquillo de los acusados. En la primera sesión del juicio, celebrada este martes, han querido descargar la responsabilidad del control de los vertidos supuestamente realizados por las bodegas durante las campañas vinícolas de 2013 y 2014 en la empresa que gestionaba la estación depuradora que da servicio a estos dos municipios, Acciona. Sus defensas han pedido su absolución.
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Un juicio oral que tendrá que dirimir si permitieron, en el ejercicio de sus funciones, vertidos ilegales a dos cooperativas que acabaron afectando al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
Por este delito, la Fiscalía de Ciudad Real pide penas de cárcel para López de la Manzanara y Menchén, así como para sus concejales de Medio Ambiente, Trinidad Alcaide y Manuel Martín-Gaitero, respectivamente, por un delito contra el Medio Ambiente. En concreto, y según el escrito en el que la Fiscalía, solicita la apertura de juicio oral y se pide una pena de dos años y medio de cárcel para los cuatro representantes del PP por unos hechos ocurridos entre mediados de 2013 y 2014.
Asimismo, el fiscal considera que los alcaldes y concejales acusados "permitieron y consintieron" los vertidos de dos cooperativas, a pesar de que ellos eran los "máximos responsables" de "controlar y regular". En esta línea, en 2019, el actual alcalde de Membrilla se defendía asegurando que "yo no me presenté a las elecciones para que la cooperativa se gastase el dinero en poner depuradoras (...) fue la CHG quien exigió que pusiera depuradoras".
En esta línea, estos vertidos se descubrieron cuando a finales de 2013 el Seprona detectó cambios en las propiedades organolépticas del río Azuer e iniciaron una investigación que concluyó con un atestado en el que se determinó que dos cooperativas, coincidiendo con la época de vendimia, habían vertido residuos sin tratar al alcantarillado municipal. Unas cooperativas situadas tanto en Manzanares como en Membrilla.
Por todo ello, la Fiscalía asegura que los alcaldes del PP ni tampoco sus concejales en materia de Medio Ambiente pidieron informes a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para autorizar dichos vertidos y tampoco exigieron a las empresas que tratasen estos vertidos.
Las defensas de los acusados piden la libre absolución
En esta línea, en la primera sesión de este juicio, los abogados de los acusados decían que no hubo pasividad por parte de estos dos consistorios de Ciudad Real. En esta línea, uno de estos abogados, Jesús Belascoain, defiende que no hay base suficiente para sostener la acusación y ve trasfondo político en el caso.
También, ha insistido en que los consistorios actuaron y, de hecho, se consiguió que las cooperativas consiguieran instalar depuradoras. Por todo ello, las defensas no ven, por tanto, responsabilidad penal y si hubiera responsabilidad administrativa "ya fue depurada con una sentencia de la Audiencia Nacional", según añadía
Un juicio que se va a prolongar hasta este jueves. Con ello, este miércoles será el turno para las pruebas testificales y periciales, mientras que la última jornada estará destinada a las conclusiones finales antes de quedar visto para sentencia.
Los vertidos afectaron a las Tablas de Daimiel
Asimismo, la propia Fiscalía considera que estos vertidos ilegales afectaron al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, puesto que los ediles del PP no cumplieron con sus funciones y, también, destaca la permisividad de dichos vertidos.
También, se exigen a estos cuatro acusados, así como a los responsables de sendas cooperativas a abonar una cantidad de más de 71.000 euros por los daños causados en la calidad de las aguas de dominio hidráulico. Una cantidad que deberán de abonar, si se les condenan, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Por último, Fiscalía también pide la inhabilitación de cargo público para los distintos acusados. Con todo ello, si se prueba que se cometió un delito contra los recursos naturales y el Medio Ambiente, el actual alcalde de Membrilla, Manuel Borja Menchén, no podría presentarse a las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2023.
