No lleva ni una palabra en el programa electoral. En 2011, Rajoy prometió una ley de maternidad que no hizo. Y ahora la reconvierte en un plan de apoyo a la maternidad con ayudas de hasta dos mil euros anuales para embarazadas menores de edad que no tengan respaldo familiar. El Gobierno, al final sólo hizo un cambio en el aborto, en el artículo referido al permiso paterno para hacer obligatorio que las mujeres de entre 16 y 18 años tengan que tener el consentimiento de los progenitores.

El PSOE propone derogar la reforma del PP que restringe el aborto a las chicas de 16 y 17 años para dejar como estaba la ley de plazos de 2010, una norma que reconoce el derecho al aborto. Los socialistas plantean ofrecer educación afectiva sexual en la escuela para prevenir los embarazos no deseados.

Ley de plazos con aborto libre dentro de las 12 primeras semanas de gestación. Las menores no podrán abortar sin el conocimiento de sus padres. Promover una estrategia de educación sexual para evitar los embarazos no deseados.

El partido propone la reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo para permitir que menores de edad que sufren abusos y vulnerabilidad en sus entornos familiares puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno Instaurar medidas para garantizar la libertad de decisión de las mujeres para ser o no ser madres. Podemos apuesta por garantizar la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo por el sistema público de salud para todas las mujeres.

Izquierda Unida defiende el derecho al aborto libre y voluntario. El partido que lidera Alberto Garzón defiende la despenalización total en el Código Penal y cobertura gratuita en la Sanidad Pública en las primeras 24 semanas de gestación, y en cualquier momento en caso de peligro para la vida de la madre.

El PP seguirá defendiendo la unidad de la Nación española y el Estado de las Autonomías que reconoce la Constitución y que, a su juicio, ha demostrado ser la mejor fórmula de articular unidad y diversidad: "Nos oponemos a las tentativas de dividir porque así defendemos un legado, un presente y sobre todo, un futuro, que deseamos limpio de tensiones y enfrentamientos". También se va a incorporar a la Ley que regula el uso de la Bandera y otros símbolos "las previsiones y mecanismos jurídicos que garanticen su estricto cumplimiento".

Los socialistas defienden el cumplimiento del orden constitucional y la unidad de España, pero promueven una solución política a través de la reforma de la Constitución avanzando en la implantación del modelo federal en España.

El partido de Rivera defiende la unidad de España y rechaza cualquier tipo de consulta que ponga en cuestión que la soberanía reside en el pueblo, como proclama el artículo 1 de la Constitución. Defiende que el Estado use todas las herramientas a su disposición para frenar el desafío independentista.

Podemos defiende encontrar un encaje constitucional para Catalunya como nación. Este acuerdo debe pasar por dos referéndums "simultáneos": una votación vinculante en Catalunya que decida si quiere permanecer en España o la independencia, y otra en España, para reformar la Constitución e incluir el derecho a decidir de los catalanes.

Izquierda Unida defiende un modelo de Estado federal, plurinacional y solidario. Alberto Garzón aboga por la celebración de un referéndum acordado y legal con plenas garantías democráticas. IU plantea crea una mesa de partidos para alcanzar una solución política negociada ante el desafío soberanista.

Los populares aseguran que van a promover "un acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial, reforzando sus labores como gobierno de los jueces y buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros".

El Partido Socialista propone en su programa electoral corregir las funciones del CGPJ al objeto de asegurar que se cumplan las previsiones constitucionales sobre el sistema de nombramiento de sus integrantes, composición, colegialidad y pluralidad.

Ciudadanos apuesta por eliminar el Consejo General del Poder Judicial y que sus funciones las asuma el presidente del Tribunal Supremo, que sería designado por el Congreso de los Diputados con el voto a favor de dos terceras partes de sus miembros.

Los de Pablo iglesias proponen una reducción del número de los miembros del órgano de gobierno de los jueces y que sean elegidos por sufragio directo por los ciudadanos. La formación apuesta también por una "auditoría externa" y una oficina judicial que absorba "competencias periféricas".

El partido de Alberto Garzón plantea reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para garantizar su independencia real. Izquierda Unida defiende la regulación de un régimen de incompatibilidades de los vocales que asegure a garantizar un funcionamiento autónomo sin vínculos ni relaciones de dependencia con otros. También propone sustituir la oposición de acceso a la judicatura por una prueba que incorpore la acreditación de méritos y no se limite en un exclusiva a un temario de ejercicios memorísticos. Incremento de la ratio de jueces por habitante.

El PP no incluye en su oferta electoral una reforma de la Constitución. En el texto figura así su defensa de la Carta Magna: "Estamos convencidos de la vigencia de los valores de la Constitución: la concordia, la unidad, la pluralidad, el consenso, la libertad, la igualdad o la solidaridad son valores que siguen teniendo plena validez". "La Constitución es de todos y para todos y no vamos a aceptar que se cuestione su vigencia, sin ningún fundamento", se señala en el documento.

El PSOE aboga por abordar una reforma de la Constitución que permita avanza hacia un modelo federal, reforzar los derechos sociales y las libertades públicas y mejorar la calidad democrática. El PSOE ha presentado un texto abierto, a partir del cual quiere buscar el consenso con el resto de fuerzas políticas

Ciudadanos apuesta por una reforma técnica en la que se blindarían las competencias del Estado. Eliminaría el artículo por el que se permite la cesión a las comunidades autónomas, y defiende enumerar en el texto las 17 regiones de España e incluir un apartado con derechos sociales como la vivienda, la electricidad o el agua.

Pablo Iglesias propone en su programa grandes acuerdos para reformar la Constitución en los asuntos relacionados con el sistema electoral, la reforma de la justicia, los derechos sociales, la corrupción y el derecho a decidir.

Izquierda Unida es la única formación política que apuesta por una nueva Constitución y no por una reforma de la actual. Propone un proceso constituyente, en el que los ciudadanos tengan voz y voto para la elaboración democrática y participativa de una nueva Carta Magna que blinde los derechos sociales y garantice su exigencia en los tribunales. Esa nueva Constitución articularía un modelo de estado federal y republicano, que incluiría el derecho de autodeterminación.

No dice nada en su oferta electoral así que se queda como está. Desde julio de 2012, los jubilados desembolsan el 10 por 100 del precio de sus medicamentos y el resto de ciudadanos, el porcentaje de pago por los fármacos se estableció en función de sus ingresos. De lo que sí se habla es de aprobar un nuevo modelo de financiación sanitaria que garantice "la cobertura de las necesidades reales, equilibrado y que tenga en cuenta la edad y la dispersión de la población y garantice la igualdad de derechos sanitarios de todos los españoles". Además de un plan para reducir listas de espera.

El programa del PSOE propone eliminar el copago farmacéutico para los pensionistas aplicado por el gobierno del PP. Reconocer la sanidad como derecho fundamental en la Constitución y volver a la sanidad universal con la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, el decreto de los recortes de Ana Mato.

Ciudadanos plantea que el copago sanitario solo pueda ser utilizado como elemento disuasorio en aquellos pacientes menos graves que tengan la posibilidad de administrar mejor el uso de medicamentos o servicios sociales y se establecería mediante un copago reembolsable.

Podemos defiende la "universalización de la asistencia sanitaria pública y de calidad", y la supresión de los copagos establecidos desde 2012, en sanidad, dependencia, farmacia y todos los sectores vulnerables.

Izquierda Unida rechaza en su programa electoral cualquier forma de copago sanitario. La formación que lidera Alberto Garzón defiende el carácter público del Sistema Nacional de Salud.

Rajoy no incluye ni una sola novedad en la lucha contra la corrupción. Asegura que el PP seguirá actuando con "la máxima prontitud", pedirá a todos sus cargos que suscriban "una Declaración de Compromiso" que significará la adhesión a sus compromisos éticos. Y se incorporará "la obligatoriedad de cese en el cargo para los Altos Cargos encausados por un delito de corrupción en el momento de la apertura de juicio oral". Algo que ya venía recogido en sus estatutos desde hace años.

El PSOE introduce un estatuto de los cargos públicos (tendrán que presentar un certificado de la Administración Tributaria de su situación patrimonial) y aboga por rebajar el actual mínimo del tipo de financiación ilegal así como un amplio catálogo de medidas penales y procesales (por ejemplo, agravando las penas por delitos cometidos por los funcionarios). Promete "limitar los aforamientos al ejercicio de la actividad política". Plantea además sancionar el fraccionamiento de contratos para evitar la aparición de nuevos casos de corrupción y mejorar el seguimiento para evitar sobrecostes.

El partido apuesta por imponer por ley auditorías externas en los partidos, limitar el gasto electoral, suprimir las subvenciones a empresas y sindicatos, premiar a quien destape casos de corrupción, suprimir los aforamientos o reformar el indulto para que sea una medida "excepcional". Ha propuesto en distintos parlamentos autonómicos eliminar los privilegios judiciales de los diputados a través de los aforamientos y también lo defiende para el Congreso y el Senado.

Podemos plantea regular las incompatibilidades de cargos políticos estableciendo un mínimo de diez años. Propone la incompatibilidad para ocupar puestos en Consejos de Administración que operen en sectores estratégicos del Estado por parte de exaltos cargos y exdiputados. Plantea incorporar el delito agravado de prevaricación administrativa en las contrataciones públicas y los delitos agravados de cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración cometidos a través de partidos políticos. Defiende la eliminación de absolutamente todos los aforamientos, no solo de los diputados, senadores y representantes de los gobiernos de España y autonómicos, sino también de jueces y fiscales.

Izquierda Unida propone una ley integral anticorrupción que incorpore el delito de enriquecimiento ilícito, el cese y abandono del cargo de los políticos imputados, y ampliar a 30 años la inhabilitación para cargo público o de libre designación de quienes hayan sido condenados por corrupción. También plantea que los corruptos asuman los costes directos e indirectos de sus delitos, mediante una una ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas. Ley antitransfuguismo para que los "desertores" tengan obligatoriamente que devolver el escaño a la formación política por la que fueron elegidos. Revocabilidad de los cargos públicos, mediante mociones de censura ciudadanas que se votarían a partir del 20% de las firmas del censo de electores. Registro público de recalificaciones de suelo y de tenedores de billetes de 500 euros

En noviembre de 2013 el PP aprobó en solitario la ley Wert: la LOMCE, la séptima de la democracia, con ningún apoyo más que el de su partido. Ahora en su programa tiende la mano: "Convocaremos a todos los grupos políticos y a toda la comunidad educativa a la consecución de un Pacto de Estado por la Educación. La sociedad nos pide que seamos capaces de llegar a acuerdos, que dejemos de lado las rencillas políticas y consigamos un modelo educativo consensuado por todos que aleje a la educación del debate y la confrontación política". Y piden el mismo consenso también para la Universidad, con "un estatuto del personal docente investigador, el apoyo a la equidad y el esfuerzo de los estudiantes y un acuerdo sobre la financiación".

Los socialistas incluyen en su programa la derogación de la Lomce; sacar la religión de la escuela; universalizar la escolarización hasta los 18 años; elevar la financiación pública hasta el cinco por ciento en ocho años, recuperar las becas como derecho y establecer un sistema Mir de acceso a la docencia similar al sanitario. El PSOE propone un MIR para mejorar la formación de los profesores. Los socialistas proponen que una vez finalizada su formación universitaria, con un grado y un máster, los aspirantes a profesores hagan una prueba selectiva que les daría acceso a dos años de formación obligatoria y remunerada en centros educativos. Quienes quieran ejercer en la educación pública tendrán que aprobar además las oposiciones

Los de Albert Rivera plantean un pacto nacional por la Educación, crear un sistema MIR de formación de profesores para el acceso de los docentes, dotar mayor autonomía a los centros y financiar las universidades por objetivos, basándolo en la especialización y en una evaluación externa.

El partido de Pablo Iglesias pretende promover la educación pública, gratuita, laica y de calidad como eje vertebrador del sistema educativo pero la oferta de plazas escolares concertadas seguirá financiándose con recursos públicos aunque sólo en los casos en que sea necesario por insuficiencia de la oferta de la red.

Derogación de la Lomce y elaboración de una nueva ley consensuada con la comunidad educativa y sometida a referéndum para dar estabilidad legislativa. Educación pública gratuita desde infantil hasta la universidad. Supresión progresiva de la escuela concertada, hasta eliminar la financiación pública en seis años. Religión fuera de la escuela. Gratuidad de libros de texto y material de enseñanza, así como de los servicios de comedor y transporte escolar. Blindar la inversión educativa en la Constitución, introduciendo un suelo financiero del 7% del PIB.

El Partido Popular no incluye nada sobre eutanasia. En el 2012, el PP rechazó en el Congreso la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para regular los derechos de la persona ante el proceso final de su vida porque "ya existía normativa sobre la materia en España".

El Partido Socialista de Pedro Sánchez propone abrir el debate para la regulación de la eutanasia siempre que exista consenso político y social.

No hay una postura clara al respecto. Por lo que se conoce hasta ahora el partido de Albert Rivera es partidario de abrir el debate sobre este asunto aunque no lo incluye en su programa electoral.

Podemos apuesta por la Derogación del artículo 143, apartado 4 del Código Penal que penaliza el suicidio asistido.

IU está a favor del derecho de la persona a disponer de su propia vida y a tener una muerte digna. Defiende la regulación de la eutanasia mediante una ley de mínimos y reformar el Código Penal para "despenalizar el auxilio necesario" para morir.

No figura nada en el programa electoral. Hace unas semanas el senador, José Joaquín Peñarrubia, dijo que en España "no hay demanda" de exhumaciones y pidió a los socialistas que dejaran de "dar la murga" con este asunto. El PP se negó a conceder fondos a la recuperación de la memoria de las víctimas de la dictadura y rechazó en la Comisión de Presupuestos del Senado cuatro enmiendas del PSOE para dotar de financiación a las exhumaciones de los represaliados por el franquismo.

Los socialistas quieren recuperar y reforzar la dotación de partidas presupuestarias relacionadas con las exhumaciones y asegurar la coordinación con Ayuntamientos y asociaciones en las actividades de exhumación e identificación y actualización permanente de los mapas de fosas. El programa plantea además proporcionar un mayor apoyo institucional, legal y financiero a los familiares y asociaciones de víctimas, caminando así hacia una mayor dignificación y reconocimiento de su trabajo.

No es una cuestión que el partido tenga intención de recoger en su programa electoral. Ciudadanos no quiere abrir el debate de la memoria histórica. En el año 2009 el Parlament de Cataluña aprobó una ley de fosas, que preveía localizar y exhumar víctimas de los dos bandos, con la abstención de la formación naranja. Rivera explicó que no se oponía pero tampoco la apoyaba por el "peligroso interés que tienen ciertos partidos en politizar esta ley".

Podemos propone elaborar un mapa integral de fosas comunes que, a su vez, permita diseñar un futuro plan integral de exhumaciones. Defiende políticas de acceso a la justicia para las víctimas del franquismo: crear una Secretaría de Estado en el Ministerio de la Presidencia y una agencia interministerial que funcione como órgano de coordinación; anular las sentencias de los tribunales creados durante la guerra civil y la dictadura; facilitar el acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad; y aplicar la jurisdicción universal en materia de derechos humanos contemplada en nuestro ordenamiento jurídico.

Izquierda Unida incluye en su programa electoral para las generales la localización y judicialización de todas las fosas comunes del franquismo, declarando por ley la responsabilidad del Estado respecto a la exhumación.

El PP dice que va a establecer un marco adecuado para que "la minería energética competitiva sea un sector de futuro, cumpliendo con la normativa comunitaria, garantizando el marco de protección social de los trabajadores del sector y la financiación de las partidas destinadas a la reactivación de las comarcas mineras y su restauración medioambiental".

Los socialistas quieren restringir las autorizaciones de nuevas prospecciones de gas y petróleo y prohibir el empleo de las técnicas fractura hidráulica.

En contra. Los de Rivera argumentan que la explotación de este tipo de yacimientos conlleva un impacto ambiental con consecuencias irreversibles, e incluso la posibilidad de movimientos sísmicos asociados. Además aseguran que en España los yacimientos son de escaso volumen.

Compromiso público de no autorizar instalaciones de fractura hidráulica (fracking).Además atendiendo a los riegos medioambientales, sanitarios y de afectación al modo de vida rural, se extinguirán los permisos concedidos para la actividad de fracking en Cantabria.

Izquierda Unida propone su prohibición en todo el Estado, al ser una práctica carente de sentido ambiental ni económico. El partido de Alberto Garzón defiende la suspensión de las autorizaciones concedidas y la prohibición de nuevas autorizaciones.

Fue su promesa electoral incumplida porque nada más llegar el PP al poder, lejos de bajar los impuestos, los subió. Rajoy siempre ha argumentado que fue por la difícil situación con la que se encontró. Ahora el PP promete "rebajar la carga fiscal de los ciudadanos, asegurando que los beneficios de la recuperación económica llegan a todos los hogares".

Proponen un "cambio estructural" del sistema impositivo para incrementar la recaudación sin subir los impuestos a las rentas medias y a los trabajadores haciendo que paguen más quienes más tienen a través del establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades. Introducen nuevas figuras de fiscalidad ambiental y prometen reformar el sistema de pago de impuestos por la actividad económica de las personas emprendedoras, haciendo que se ajuste a los ingresos realmente percibidos.

El partido de Rivera apuesta por crear un sistema impositivo más eficiente que permitiría, según dicen en Ciudadanos, una importante reducción de los impuestos. La promesa es simplificar tipos del IRPF y eliminar deducciones, además de crear un complemento salarial para los trabajadores con rentas bajas.

Disminuir el mínimo exento en el Impuesto del Patrimonio a un patrimonio neto de 400.000 euros (frente a los 700.000 euros), y revisar las deducciones y bonificaciones existentes. La primera vivienda seguirá estando exenta en el cálculo del impuesto hasta los 300.000 euros. Plantea la derogación de las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la regulación del régimen fiscal propio de las SICAV para evitar que actúen como pantallas de elusión fiscal.

Izquierda Unida está pendiente de la presentación de su propuesta fiscal completa. En líneas generales, los de Garzón apuestan por una reforma para que paguen más quienes más ganan y tienen. También defienden una subida de los impuestos directos y una bajada de los indirectos, como el IVA.

En el programa del PP se recuerda la aprobación de una rebaja del tipo general del 30 por 100 al 25 a partir de 2016. Y que se han introducido mecanismos fiscales adicionales para beneficiar a las Pymes, que podrán aplicar la nueva reserva de nivelación para reducir su tipo hasta el 22,5% y aplicar la reserva de nivelación para que el tipo baje hasta el 20 por 100. Además, se mantiene la fiscalidad reducida al 15% para nuevos emprendedores.

Implantar un tipo mínimo del 15% para obligar a tributar a grandes empresas, que ahora se benefician de bonificaciones y exenciones que provocan grandes desniveles.

Tipo único en el 20 por ciento que se aplicará también a las pequeñas empresas. El partido defiende este cambio porque según reza en su programa "la existencia de tipos reducidos desincentiva el crecimiento empresarial". La formación espera recaudar 4.500 millones más que ahora, compensando la bajada de tipos con la eliminación de beneficios fiscales y deducibles.

Reformar en profundidad el Impuesto sobre las Sociedades, eliminar los privilegios fiscales y la mayoría de las deducciones, introducir un impuesto mínimo para las grandes empresas, establecer un tipo diferenciado en función del destino de los beneficios, eliminar la posibilidad de usar sociedades como pantallas para la elusión fiscal.

Izquierda Unida porpone en su programa electoral de cara a las generales del 20 de diciembre establecer un tipo impositivo del 35% para las bases imponibles superiores al millón de euros.

El PP ha incluido en su programa electoral la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores que incluya la indemnización por despido, con el objeto de reducir la temporalidad en el mercado laboral al disminuir los costes asociados a la extinción de los contratos indefinidos. De esta forma el PP retoma la idea de implantar el "modelo austríaco".

El PSOE propone someter las actuales condiciones a la negociación con empresarios y sindicatos para la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Si no hay acuerdo entre los agentes socialistas, la promesa socialista es legislar al respecto aunque no hay compromiso expreso para encarecer las indemnizaciones por despido.

Indemnización mínima de 12 días por año trabajado y una progresividad que llega hasta los 33. Los empleados empezarían a cobrar la plena indemnización a partir de los 7 u 8 años trabajados.

Se otorgará al trabajador la titularidad de la opción en caso de despido improcedente; se recuperará la figura del despido nulo por fraude de ley; y se reformará el despido por causas económicas, productivas, técnicas y organizativas, reforzando la causalidad, incluyendo la obligación de la autorización gubernamental preceptiva para los Expedientes de Regulación de Empleo y garantizando la efectividad del proceso de negociación.

Izquierda Unida plantea derogar las restricciones impuestas por las reformas laborales del PSOE y el PP, recuperando las indemnizaciones por despido de 45 días, así como los salarios de tramitación para los trabajadores durante el periodo de litigio laboral. Recuperación del principio de causalidad en los despidos disciplinarios, prohibición de ERES en empresas con beneficios.

En el programa no se concreta nada así. Los populares dicen que la principal causa de desigualdad es el paro y que hay que combatirlo. El PP se compromete a adoptar todas las medidas que favorezcan la inclusión social, laboral y educativa. Recuerdan que en esta legislatura ha habido programas de urgencia social y aseguran que se aprobará "una ley básica de Servicios Sociales de ámbito nacional que garantice, con carácter uniforme para toda España, unas prestaciones comunes".

Medida de choque contra la desigualdad. Elaborar mediante una Ley un sistema de garantía de Ingreso Mínimo Vital de carácter no contributivo. Ese ingreso creará una prestación nueva para las familias pobres y vulnerables. Además se incrementará la prestación por hijo a cargo.

Asegurar un sistema de ingresos mínimos. El nivel debe ser lo suficientemente alto para poder llevar a cabo una vida digna y al mismo tiempo mantenga a las personas activas en la búsqueda de un empleo.

Programa de renta diferencial (complementaria de los ingresos existentes) para todos los hogares con ingresos por debajo el umbral de pobreza monetaria, aumentando la cuantía de la prestación básica por persona equivalente integrada en la unidad de convivencia. La cuantía inicial se establecerá en 600 euros mensuales para las unidades de convivencia de un solo miembro, aumentándose progresivamente en función del número de miembros (35% adicional de la renta garantizada para el segundo miembro, y 20% por cada uno de los siguientes) hasta un máximo de 1.290 euros.

IU propone una renta mínima garantizada de 529 euros mensuales a dos millones de personas que perciban menos del 70% del salario mínimo interprofesional modulado según unidad de convivencia.

El Gobierno prometió que los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular volverían a tener derecho a la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud pero no recuperarían la tarjeta que les fue retirada con la aprobación de la reforma sanitaria en 2012. Pero en el programa no figura nada, entre las 47 medidas sanitarias que propone el PP en su bloque social.

Derogar las restricciones al derecho a la salud para inmigrantes irregulares y las devoluciones en caliente en el espacio fronterizo entre Ceuta y Melilla y Marruecos. Crear un Fondo para la financiación de las políticas de integración.

Exclusión de los inmigrantes en situación irregular del acceso a la cobertura sanitaria total. Garantizar solo la atención en urgencias. Crear un visado europeo de trabajo y residencia.

Prohibición de los CIES. Anulación de los programas contra la inmigración FRONTEX y EUROSUR. Fin de la llamada “Directiva de la vergüenza”. Eliminación de las vallas fronterizas anti-persona y del SIVE. Fin de la política de externalización de fronteras. Fin a los vuelos o barcos de deportación de inmigrantes. Mantenimiento de la autorización de residencia y trabajo durante un período de cinco años sin necesidad de cotización para su renovación.

Ningún ser humano es ilegal. Impulso a todas las medidas que tiendan a la igualdad de derechos y obligaciones de todas las personas que residan en España.

El presidente concretó en Valencia que si sigue al frente de la Moncloa en 2016, descenderá el tipo marginal mínimo del 19 por 100 al 17 (al comenzar la legislatura era del 24) y el máximo, se reducirá del 45 al 43 por 100. En el programa figura además que se va aumentar la cantidad que da derecho a deducción en el IRPF por las aportaciones a sistemas de previsión social y se revisará la forma de cálculo del IRPF cuando se rescaten planes de pensiones.

Aumentar la progresividad del impuesto para que paguen más quienes tienen más renta. El PSOE quiere que tributen las rentas del trabajo y del capital.

Bajada y simplificación. Ciudadanos plantea pasar de cinco a tres tramos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Las rentas más bajas tributarían al 18%, las medias al 28 y las altas al 42. El partido de Rivera eliminaría la reducción por rendimientos del trabajo e introduciría un complemento salarial para rentas bajas.

Aumentar el número de tramos del impuesto a partir de 60.000€, elevando progresivamente el tipo marginal de cada tramo desde el 45% actual hasta alcanzar un tipo marginal del 55% para rentas superiores a 300.000 euros anuales. Eliminar las deducciones que tienen un carácter más regresivo.

Tipo máximo del 50%. Tributación en la misma base imponible de las rentas del trabajo y del capital. Integración en la tarifa general del IRPF de los rendimientos de capital para mejorar la progresividad, incluyendo las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a 6 en el caso de inmuebles. Limitación de las ventajas fiscales de los planes privados de pensiones. Eliminar la posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales con el resto de rendimientos e imputaciones de renta

Fue de las primeras decisiones de Rajoy nada más llegar a la Moncloa: comunicó que el IVA general subía del 18% al 21% y esa reforma se mantiene porque no hay ni una palabra en el programa electoral.

Reforma del IVA cultural para dejarlo, en una primera fase, en el 10% (tipo reducido) y negociar después con Bruselas el tipo hiperreducido (4%).

Dos tipos acabando con el superreducido. Quedaría un tipo reducido del 7% y uno normal en el 18%. Esta medida aumentaría la tributación de los productos de primera necesidad. El pan, la leche o las verduras aumentarían en tres puntos su tributación

Modificar la imposición indirecta, en particular el IVA. Aumentar los alimentos y bebidas no alcohólicas a los que se aplica el tipo superreducido del 4% y aplicar el tipo reducido del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) a los que se les aplique el tipo general del 21% en este momento. Reducir el tipo aplicable a productos de gran interés social (productos culturales y escolares). Aplicar un nuevo tipo incrementado para los artículos de lujo del 25%.

Tipo superreducido para compresas, pañales, ciertos medicamentos y productos alimenticios. Reducción del IVA cultural a un tipo entre el 4 y el 7% en función de las actividades.

Ni una mención en la oferta electoral del Partido Popular. Hace unos días Mariano Rajoy recordó cual había sido la dotación presupuestaria para la Memoria Histórica: cero euros en todas las cuentas generales que ha elaborado el Estado.

Garantizar el cumplimiento de la Ley a través de la reapertura de la Oficina de Ayuda a Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, retirando además los símbolos franquistas y fomentando en el sistema educativo los contenidos que se deriven de todos los trabajos realizados a favor de la memoria histórica.

Rivera no es partidario de abrir un debate sobre la memoria histórica. Su partido no apoyó, por ejemplo, la retirada la medalla de oro de Calatayud al dictador Francisco Franco. La postura del partido es aceptar la memoria de la Transición, donde hubo "un acuerdo entre los españoles" según el cual "no había vencedores ni vencidos".

Promover la retirada o reforma de símbolos o monumentos conmemorativos de exaltación de la sublevación militar o del franquismo; elaborar políticas para el derecho a la verdad estableciendo mecanismos institucionales para el esclarecimiento y divulgación de la verdad; garantizar el acceso a los archivos (públicos y privados) y a la investigación pública y judicial.

Izquierda Unida plantea el reconocimento jurídico y político de las víctimas del franquismo y su resarcimiento económico, mediante la devolución y/o indemnización de los bienes expoliados. Condena del franquismo en los términos establecidos por la ONU y puesta en marcha de una Fiscalía especializada que investigue y persiga los crímenes de la dictadura, includo el robo de niños al que se le da la consideración de problema de Estado. Judicialización y exhumación de todas las fosas comunes, declarando por ley la responsabilidad directa del Estado en las tareas de búsqueda y recuperación. Retirada de los símbolos y nombres franquistas de calles y monumentos. Traslado de la cruz y los restos de Franco del Valle de los Caídos y reconversión del lugar en un memorial de la represión.

Rajoy siempre ha defendido la Monarquía como garantía de estabilidad y ha ensalzado los papeles primero de Don Juan Carlos y, ahora del Rey Felipe.

Reforma de la Constitución para garantizar la sucesión a la Corona en condiciones de igualdad a hombres y mujeres.

Posicionamiento ambiguo. Albert Rivera siempre asegura que cree en los principios republicanos. Defiende la figura del Rey Felipe VI, que en su opinión lo ha hecho bien hasta ahora. “Mientras el monarca de España no se meta en política la cosa va bien”. Ciudadanos cree que debe haber un control democrático de la figura de la Monarquía.

Incluir la rendición de cuentas y la obligatoriedad legal en todas las instituciones con titularidad o financiación pública: Casa Real y el Consejo General del Poder Judicial, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Establecer la obligatoriedad legal de rendición y publicación on line de las cuentas.

Apuesta por la República. Celebración de un referéndum para que los ciudadanos elijan la forma de organización del Estado. Rendición de cuentas y transparencia total en los presupuestos de la Casa Real y sometimiento de todos los cargos públicos, incluida la Jefatura del Estado al control de la ciudadanía.

No hay una mención expresa. Sólo se señala esto: "Fomentaremos la participación informada y la libre elección del paciente en la toma de decisiones relacionadas con el cuidado de su salud y el seguimiento de su enfermedad".

Aprobar una ley de muerte digna que reconozca el derecho a la sedación que evite el sufrimiento y el dolor, aunque acorte la vida; y el derecho a la retirada de medidas de soporte vital que prolonguen la vida innecesariamente.

Limitar el esfuerzo terapéutico fútil o inútil redefiniendo los procesos terminales y rediseñando las alternativas de prestaciones.

Aprobación de una ley que regule la libre disposición de la propia vida que regule el marco de decisiones de las personas en el final de su vida.

Derecho de la persona a disponer de su propia vida y a tener una muerte digna.

"Mantendremos las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad y culminaremos la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) para disminuir los costes asociados a la gestión de los residuos nucleares"

Implantar un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña, que culminará en la fecha límite del 2028, de tal manera que podrá abordarse el gran salto hacia el nuevo modelo energético.

En Ciudadanos apuestan por una transición gradual hacia un nuevo modelo energético basado en energías renovables, el autoabastecimiento, el ahorro y la eficiencia así como en un modelo de producción descentralizado. Rechazan ampliar la vida de las centrales nucleares.

Las energías renovables se situarán en el lugar central de la planificación del sistema eléctrico. El resto de tecnologías, mientras sean necesarias, funcionarán como apoyo a las mismas. En este sentido, a) se estudiará de cuántas centrales de ciclo combinado se puede prescindir manteniendo los estándares actuales de garantía de suministro. Las centrales de ciclo combinado prescindibles no recibirán ningún tipo de pago por capacidad; b) se procederá al cierre paulatino de las centrales nucleares en funcionamiento en España.

Cierre de todas las centrales nucleares existentes en España. Cambio del modelo energético y apuesta por las renovables de modo que para el año 2050 reemplacen por completo las fuentes de energía nuclear y fósil, con emisiones cero de gases de efecto invernadero. En el caso de la electricidad, el objetivo es que en 2020 el 70% se genere con fuentes renovables. Programas de ahorro y eficiencia energética. Transición justa para las cuencas mineras, prohibiendo las importaciones de carbón hasta 2050.

En el programa el PP señala que se va a “reforzar la protección del bono social, garantizando que tengan acceso a él todos los consumidores en situación de vulnerabilidad”. Además, en concurso con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y abierto a la participación de empresas y la sociedad en su conjunto, se va a impulsar “la creación de fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión”.

Un plan estratégico, horizontes 2030 y 2050, para la transición energética. Los ejes principales serán la eficiencia energética, la electrificación y las energías renovables.

Sin concretar sus propuestas sobre este asunto aunque el partido de Albert Rivera apuesta por incrementar la competencia y reducir los precios finales que paga el consumidor.

Podemos contemplar en su programa Medidas complementarias para atender situaciones de urgencia social: desahucios; gastos de acceso y mantenimiento en la vivienda; pobreza energética y gastos necesarios para mantener una vivienda en condiciones de dignidad

Suministro vital garantizado de agua, luz y gas. Nuevo sistema tarifario ligado a la renta para evitar cortes de suministro a 3,1 millones de personas en situación de pobreza energética.

El PP propone "elaborar y poner en marcha una ley integral contra la trata de mujeres". Los populares han rechazado la propuesta de Ciudadanos de legalizar la prostitución al considerar que el objetivo debe ser combatir la explotación sexual.

Cerrar los burdeles al reintroducir en el Código Penal la figura de la tercería local (el que alquila las habitaciones); castigar como delito todo tipo de proxenetismo lucrativo y sancionar o multar a los clientes de la prostitución.

Legalizar la prostitución voluntaria con el control de las condiciones de salubridad e higiene en su práctica. Incorporación al mundo laboral en régimen de autónomos. Restringir la actividad a locales legalizados y prohibición de su ejercicio y consumo en espacios públicos.

El partido es contrario a la legalización de la actividad.

Abolición de la prostitución como forma de explotación sexual.

El PP rechaza excluir Religión de los planes educativos. No habrá cambios. Los populares no quieren tocar la LOMCE ni tampoco los acuerdos con la Iglesia. En el programa se señala: "Garantizaremos el derecho que asiste a los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones religiosas y morales, tal como establece la Constitución española".

Denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede; se quitará el crucifijo y la Biblia de las tomas de posesión del cargo porque se harán solo ante un ejemplar la de Constitución; elaborar un protocolo para los funerales de Estado; exigir el pago de impuestos y reclamar la titularidad de los bienes inmatriculados por la Iglesia.

Una escuela pública laica donde se enseñe historia de las religiones desde el punto de vista histórico y cultural.

Anulación del Concordato. Sustitución de la actual “ley de Libertad religiosa de 1980” por una "ley de Libertad de Conciencia". Promover la salida de la asignatura de religión del currículo, del horario y del centro educativo; eliminación de las capellanías y servicios religiosos en las instituciones públicas; derogación de los artículos del Código Penal que tipifican como delito la supuesta ofensa a los sentimientos religiosos; exclusión de privilegios fiscales (pago del IBI, financiación para la iglesia católica y otras confesiones religiosas); supresión de celebraciones y simbología religiosa en actos oficiales.

Estado laico. Religión fuera de la escuela. Eliminar todo tipo de financiación pública a cualquier confesión religiosa, suprimiendo la casilla del IRPF a la Iglesia católica. Derogación de los Acuerdos con el Vaticano.

No hay nada sobre este tema en el programa del PP porque los populares defienden la Monarquía.

El PSOE se reivindica como un partido de "alma republicana", pero no se plantea un cambio de modelo de Estado.

Posicionamiento ambiguo. Albert Rivera siempre asegura que cree en los principios republicanos. Defiende la figura del Rey Felipe VI, que en su opinión lo ha hecho bien hasta ahora. "Mientras el monarca de España no se meta en política la cosa va bien". Ciudadanos cree que debe haber un control democrático de la figura de la Monarquía.

Podemos no menciona en su programa electoral aspecto alguno sobre el modelo de Estado y de Jefatura de Estado. El secretario de Organización, Sergio Pascual ha asegurado que "Es un debate que no está abierto y está por darse". Podemos pidió que la ciudadanía fuera consultada cuando se produjo el relevo entre Juan Carlos I y Felipe VI pero el partido niega que tenga una postura adoptada sobre si España debería ser una república o continuar como una monarquía.

Tercera República ya. Entendida no sólo como elección democrática del Jefe del Estado sino como orden constitucional garante de derechos y libertades.

No figura nada en el programa. Con su mayoría absoluta, el PP sacó adelante su reforma del TC con las críticas de la oposición. Con ello se le da competencias al alto tribunal para hacer cumplir sus sentencias y sancionar a cargos públicos que las ignoren.

Derogación de la reforma de la Ley aprobada por el Gobierno del PP para el cumplimiento efectivos de los sentencias. Los socialistas consideran que supone una instrumentalización del Alto Tribual y no creen necesarios los nuevos mecanismos para ejecutar las sentencias.

Apuesta por despolitizarlo aunque sigue apostado porque la designación de los magistrados, que tendrán que acreditar 25 años de ejercicio profesional, dependa del Congreso o el Gobierno. La presentación de candidatos si se abre a concurso. El mandato sería de 12 años. La renovación parcial se realizaría cada cuatro años. Además, los parlamentos autonómicos no podrían proponer magistrados.

Establecer un nuevo sistema de nombramientos por cuota de rechazo; la negociación de los nombramientos, partiría de la conformación de un amplio listado de todas las personas técnicamente cualificadas para acceder a él. A partir de esta propuesta, cada uno de los partidos sólo podría ir descartando de esa lista un número proporcional a la cuota que le corresponde en función de su entidad parlamentaria. Tras sucesivos procesos de descarte, acabarán quedando sólo los que menos rechazo generan. No estarán designados por nadie, ni en deuda con él.

Reforma y democratización de su forma de elección para garantizar la separación efectiva entre el poder ejecutivo y el judicial. Derogación de la reforma del TC aprobada por el Partido Popular para garantizar el cumplimiento de sus sentencias de forma ejecutiva directa.