El Congreso de Colombia investiga a Gustavo Petro por las posibles irregularidades en la financiación de su campaña electoral
El presidente ya cuenta con un representante legal tras las revelaciones de su hijo, que se encuentra imputado por blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito
Bogotá
La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, que es la única que puede comenzar un proceso de destitución contra un presidente, ya ha iniciado una investigación contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por los hechos revelados por la Fiscalía en el caso de su hijo, Nicolás Petro.
Más información
"Se viene adelantando un proceso en contra del presidente de la República por los hechos relacionados con las declaraciones de la ciudadana Daysuris Vásquez Castro meses atrás, este se encuentra en etapa de investigación previa", informó el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, Wadith Manzur, del partido Conservador.
La Comisión de Investigación y Acusación es la única con legitimidad para estudiar casos contra un presidente electo y puede elevar, tras la investigación de caso, su destitución a la Cámara de Representantes para que se plantee en el Senado.
Esta investigación se abrió antes de que Vásquez y su exesposo, Nicolás Petro, fueran detenidos el pasado sábado e imputados por la Fiscalía, que reveló ayer que el hijo de Petro había confesado que parte del dinero que recibió de forma ilícita del narcotráfico habría entrado a la campaña de su padre.
Por eso, según el comunicado firmado hoy por Manzur, los tres representantes que instruyen el caso en la Cámara de Acusaciones determinarán la incorporación de nuevos medios, hechos o denuncias. "La comisión actuará conforme a la Constitución y a la ley con todas las garantías que establece el ordenamiento jurídico", promete el comunicado.
Por otra parte, Petro ha reiterado este viernes su confianza en la justicia colombiana, y ha designado a un abogado para que lo represente. Según Petro, "serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda" y con ese fin, "he otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente".
"En cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial", agregó el presidente colombiano en un comunicado.
Parte de la campaña habría sido financiada presuntamente por un narcotraficante
El fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos, dijo ayer en una audiencia judicial que Petro Burgos reveló que parte del dinero recibido de manera ilegal de un narcotraficante y de empresarios la usó en beneficio propio y otra fue a parar a la campaña presidencial de Petro en 2022. "En realidad, de dichos dineros unos ingresaron a sus arcas (de Nicolás Petro) y otros a la campaña presidencial de 2022 en la cual resultó elegido nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego", manifestó el fiscal.
Burgos reveló además un entramado de tráfico de influencias, coimas y otros ilícitos en el departamento del Atlántico, donde su Nicolás Petro es diputado a la Asamblea regional, posición que supuestamente aprovechó para cometer los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por los que fue imputado por la Fiscalía.
En la audiencia de ayer, que se reanudó hoy, Nicolás Petro Burgos rechazó las versiones de quienes aseguran que confesó los supuestos ilícitos que involucran a la campaña presidencial de su padre porque fue presionado por la Fiscalía. "Señor juez, es para dejar una constancia de que mi colaboración con la justicia ha sido una decisión totalmente libre y fuera de todo tipo de presión", dijo al pedir la palabra.
Junto con Petro Burgos, la Fiscalía también imputó, por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, a su exesposa Daysuris Vásquez que fue quien hizo a la prensa en marzo pasado unas denuncias que llevaron al ente acusador a abrirles una investigación. El presidente colombiano, por su parte, dio poder a un abogado para que lo represente en este caso, al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, y estimó que "serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda".