La pareja de Ayuso supo que Hacienda le atribuía delito fiscal seis meses antes de que la presidenta lo tachase de mera "inspección"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, negó en su comparecencia ante los medios la semana pasada que su pareja hubiera sido acusada de delitos fiscales. Sostuvo que simplemente estaba siendo objeto de una “inspección salvaje” y aseveró por el contrario que era Hacienda quien debía a Alberto González un total de 600.000 euros. Pero medio año antes de que Ayuso realizara estas declaraciones, su pareja ya sabía que la Agencia Tributaria le atribuía delitos fiscales.

En concreto, según fuentes de la investigación consultadas por la SER, la inspectora de Hacienda encargada de su caso comunicó a Alberto González el 4 de septiembre de 2023 su propuesta de “liquidación vinculada a delito” por un total de 350.951,41 euros.

Hasta 16 peticiones de aclaración antes de acusar

Y lo hizo, según las mismas fuentes, después de un año y cuatro meses de inspección, y de que durante ese periodo se hubiese reunido o pedido aclaraciones por escrito a Alberto González hasta en 16 ocasiones sobre sus impuestos. A partir de aquel 4 de septiembre en el que la pareja de Ayuso es notificado por primera vez de la existencia de delito, se abre el periodo de alegaciones que son rechazadas por la Agencia Tributaria ante la evidencia del fraude, y la inspectora cierra definitivamente el acta el 22 de diciembre de 2023, concluyendo la comisión de dos delitos fiscales por las declaraciones del impuesto de sociedades presentadas en 2021 y 2022, un delito contable y otro delito de falsedad documental por la falsificación de facturas.

Tratantes de ganado para falsificar facturas y declaración a devolver

Para ello empleó un “entramado societario” en absoluto sofisticado, ya que llegó a utilizar a tratantes de ganado sevillanos, para falsear las facturas y aminorar las cuotas a ingresar. Alberto González llegó a presentar en 2021 una declaración del impuesto de sociedades que le salía a devolver en 1.300 euros, cuando aquel año debió pagar 155.000 euros.