Comptos concluye que el acuerdo de mascarillas de Sodena no incluía garantías suficientes para proteger los fondos públicos

Pamplona

La Cámara de Comptos ha publicado un informe sobre el acuerdo entre la sociedad pública Sodena, la Confederación Empresarial de Navarra (CEN) y la empresa Albyn Medical, S.L. para la compra de mascarillas y otro material de protección (en adelante EPIs) durante la pandemia de la Covid-19.

Dicho material estaba previsto que lo adquirieran pymes, micropymes y personal autónomo pero la caída de los precios de las mascarillas hizo que las empresas no adquirieran la cantidad prevista quedando un stock de 1.745.600 mascarillas valorado en 1,8 millones a precio de adquisición.

Una parte pequeña de las mascarillas almacenadas (11.520) caducaron en agosto de este año. El resto caducarán entre abril del próximo año y febrero de 2024. Ante esta situación, tanto Sodena como la CEN y la Corporación Pública (CPEN) han encargado varios informes jurídicos a firmas de abogados cuyas conclusiones difieren sustancialmente. En los intentos de dar salida a las mascarillas no ha habido acuerdo entre las partes.

El informe concluye que Sodena tenía que haber solicitado autorización previa al Gobierno de Navarra para formalizar ese acuerdo, aunque entiende la "excepcionalidad del contexto" en plena pandemia y destaca también la "transparencia con la que se formalizo el acuerdo" más allá de que no se solicitase esa autorización.

También apunta la Cámara de Comptos que ha encontrado varias deficiencias en ese acuerdo. Por un lado, "no incluía garantías suficientes para proteger los fondos públicos implicados", tampoco se planteaba cómo resolver contratiempos que pudieran alterar los planes previstos". Además, según destaca el informe, no existía en dicho acuerdo un compromiso formal por parte de las empresas para adquirir las mascarillas que Albyn compró siguiendo las estimaciones de las propias empresas.

Por lo tanto, concluye Comptos que "todas las partes son responsables de estas deficiencias" que han encontrado en el acuerdo y recomienda a las partes que lleguen a un acuerdo, que den salida a las mascarillas antes de que caduquen y aconseja a Sodena para futuras actuaciones que asegure mejor los fondos públicos empleados.

Según el documento, "no existe una solución jurídica única" y considera que judicializar el asunto "dificultaría dar salida al material", a las mascarillas, antes de que caduquen.

Al informe han presentado alegaciones Sodena, la exgerente de la sociedad pública Pilar Irigoyen, la CEN y Albyn. Dichas alegaciones se publican como anexo del informe.