“Es un problema de salud pública y un fraude de ley absoluto”

Madrid

Cada cierto tiempo, una cadena de clínicas dentales deja tirados a miles y miles de pacientes que se ven afectados con serios problemas para seguir adelante con sus tratamientos y, en muchos casos, teniendo que devolver un crédito. Esta vez es iDental. SER Consumidor trató las causas, consecuencias y derechos a petición de muchos de sus oyentes afectados.

A Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, no le sorprende un nuevo cierre de este tipo de clínicas dentales: “Llevamos avisando años de que esto se iba a producir y que iba a tener estas consecuencias. Es algo que depende absolutamente de la Administración y no se está cumpliendo la ley. Además, el cierre de las clínicas de iDental en las distintas regiones de España se ha hecho de forma paulatina, no de todas las clínicas a la vez, de modo que en muchos casos quedaban como una noticia local sin casi repercusión, cuando es un problema de salud pública casi equiparable al de aceite de colza, un escándalo sanitario sin precedentes”.

Según el último informe del Colegio, las cadenas de clínicas corporativas tienen el 3,4% del mercado y las clínicas de las aseguradoras el 1,7%; es decir, entre las dos tienen el 5% del mercado, una mínima parte. Y, sin embargo, tienen el 55% de las reclamaciones.

Según Castro, los factores que han intervenido en el escándalo de las clínicas iDental son principalmente tres: los empresarios especuladores, “porque la propiedad de estas clínicas era de un fondo de inversión o fondo buitre”; las universidades, “en concreto la de Lleida y Alicante, que a través de las titulaciones propias han hecho un máster de implantología con profesores que no sabemos ni quiénes son en universidades que no tienen ni facultad de Odontología, así que algo tendrá que decir el Ministerio de Educación a través de su agencia de acreditación”; y, por último, los dentistas que han consentido o que se han prestado a ello. “Tenemos que empezar a abrir expedientes. Es una situación grave y muy preocupante”.

El presidente del Consejo General de Dentistas comentaba además que ha habido “un fraude de ley absoluto” en la forma en la que se concedían los créditos: “créditos al consumo para bienes no tangibles, para que te lo gastes en lo que sea y en los que no se puede demostrar que se ha cesado la prestación del servicio odontológico. Espero que se tenga en cuenta: si el crédito no está ligado a la prestación de estos servicios, difícilmente se va a poder dejar de pagar”.

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Como posibles soluciones, Castro apuntaba a que así como el Gobierno y la Administración autonómica liberaron partidas estatales para ayudar, por ejemplo, en el rescate bancario, ante este escándalo multitudinario se tiene que aportar también dinero: “Estas personas fueron a clínicas permitidas y autorizadas por las administraciones autonómicas, estas deberán facilitar ahora la recuperación de la salud de estas personas”.

Francisco Ferrer, asesor jurídico de Facua, explicó los derechos de los afectados en situaciones como esta: “Lo primero y más importante es no seguir pagando los créditos. Lo fundamental es dirigir una reclamación a la clínica dental y otra a la entidad financiera. Además, podemos dirigir una denuncia a consumo y otra al colegio de odontólogos de la provincia. Hay que tener en cuenta que los dentistas o las entidades mercantiles tienen la obligación de tener un seguro de responsabilidad, por lo que podríamos reclamar cualquier tipo de daño, prejuicio o indemnización al seguro que tengan contratado”. En el caso de que los pacientes hayan adelantado el pago del tratamiento, “podrán solicitar también que les devuelvan el dinero porque se está incumpliendo el contrato”.