El calvario judicial de la familia de Eloy Palacio

Madrid

Jueves, 7 de abril de 2016. Calle Uría, una de las principales arterias de Oviedo. Un cortocircuito provoca un enorme incendio en uno de sus edificios.

El tejado del bloque se derrumba y causa la muerte del bombero Eloy Palacio, que participaba en la extinción de las llamas ante la falta de recursos, como voluntario, a pesar de no estar de servicio. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) calificaba el accidente como una "imprudencia laboral". Según el fallo, Eloy tenía la orden de no descender de la cesta del brazo articulado ni acceder al forjado del edificio.

Juan Carlos Fernández, apodado "Cuni", estaba en la cesta de la grúa con su compañero Eloy. Y, al igual que otros bomberos allí presentes, niega conocer esa orden: "Yo estuve en todo momento con Eloy. Estuvimos trabajando juntos. Y en ningún momento desobedecimos la orden de no bajar de la cesta [parte superior de la grúa] porque esa orden nunca existió. De haberse dado, sería porque el edificio estaba a punto de colapsar. Si los mandos tenían esa información, se la deberían haber dado a los más de treinta bomberos que estábamos trabajando y no sólo a Eloy".

El caso pasó por el Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo, que desestimó la demanda, y por la Audiencia Provincial, antes de llegar al TSJA. Tras dos años de calvario judicial, los familiares del Eloy han recurrido al Supremo. Sólo han recibido 18.000 euros, los que concede el Ayuntamiento por el fallecimiento de un trabajador. Sin embargo, bomberos de toda España están donando el dinero de sus horas extras a la familia del fallecido.

Lo explica Marta Valle, viuda de Eloy: "Después de la sentencia del TSJ, comenzó la campaña "Una guardia por Eloy". Contribuyen con lo ganado en las guardias o donando directamente dinero. Recaudan fondos para ayudarnos, ya que consideran que, como la Administración no respondió, no van a dejar sola a la familia de un compañero".

La Coordinadora Unitaria de Bomberos, convocante de la manifestación del 20-O, reclama una ayuda extraordinaria a la familia, como ha sucedido en otros casos similares. En 2010, el pleno del Ayuntamiento de Mallorca, por unanimidad, autorizó la concesión de 35.000 euros, además de la indemnización prevista, a los familiares de un bombero fallecido en un acto de servicio, con el fin de mitigar la presión económica que les provocó el fallecimiento.