Transparencia y rendición de cuentas

Llegó el 5 de noviembre. El Tribunal Supremo decide hoy sobre el impuesto de las hipotecas. A partir de las 10 de la mañana se reúne la Sala de lo Contencioso Administrativo en un pleno que se cree que será largo para intentar devolver seguridad jurídica a un asunto que afecta a millones de españoles y a todas las entidades bancarias. ¿Quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados cuando se firma una hipoteca? Hace poco más de dos semanas decidieron que los bancos. Hasta ese momento siempre habían dicho que el hipotecado. Hoy deben tomar despejar la duda y, si deciden que es la banca, aclarar además si es con efectos retroactivos, si quienes había firmado una hipoteca en los últimos cuatro años tienen derecho a reclamar. Nada está claro todavía porque nos cuentan que hay mucha división de opiniones entre los magistrados.

Pero hemos llegado a este 5 de noviembre por una gestión insólita del propio Tribunal que en 24 horas dio marcha atrás a la sentencia del 19 de noviembre. Hemos contado sobradamente el daño que esta gestión desastrosa del asunto le ha hecho al tribunal, que sembró dudas sobre qué o quiénes influyeron en esa marcha atrás, con los consumidores celebrando por un lado, y los bancos cayendo en bolsa por el otro. El presidente, Carlos Lesmes pidió perdón. Suponemos que, superado el trámite de hoy, ese perdón se va a traducir además en la asunción de algún tipo de responsabilidad.

El Congreso ha iniciado el trámite para despojar del poder, casi absoluto, que el gobierno Rajoy le dio al presidente del Supremo, que lo es también del Consejo General del Poder Judicial. La Fiscalía General del Estado se esfuerza en intentar quitarse de encima el estigma de aquel "esto te lo afina la Fiscalía", que el ministro popular Fernández Díaz, dejó grabado para la historia. A la Justicia tiene que llegar la transparencia y la rendición de cuentas que exigimos al resto de poderes del Estado.