El "arma política" del indulto: más de 200 perdones a condenados por corrupción

Madrid

Son un total de 10.565 medidas de gracia desde 1996 según los datos recopilados por la Fundación Civio, que analiza los indultos concedidos a partir de esa fecha. La mayoría se concedieron por delitos contra la salud pública o robos. Pero, comparando con el número total de condenados, los porcentajes más elevados se dan en delitos de malversación, contra el medio ambiente o de funcionarios contra las libertades individuales. Además, más de 200 indultos se otorgaron por delitos relacionados con la corrupción. Perdones que no entienden de siglas políticas según el análisis de Civio. “Se ha utilizado mucho como arma política, prueba de ello es que se han concedido 227 indultos a condenados por delitos vinculados a la corrupción desde el 96 y que además se indulta mucho a miembros del partido contrario. No es una cuestión de filas. Se indulta a los miembros del propio partido pero también el PP indulta a miembros del PSOE, el PSOE a miembros del PP, sino a Convergencia…Se ha ido utilizando también como moneda de cambio” explica Eva Belmonte, vicepresidenta de esta organización.

Hay casos llamativos, recuerda Belmonte, como  el de Josep María Servitje, ex alto cargo de Convergencia, indultado por Rajoy; el de Gabriel Arias Salgado, cuyo hermano se sentaba en el Consejo de Ministros que le perdonó; o el de los cuatro Mossos d'Esquadra que fueron dos veces indultados tras ser condenados por torturas. Las cifras de indultos, en todo caso, se han ido reduciendo desde los más de 1.700 que llegó a conceder el PP en el año 2000, a los 26 de 2017 o los apenas 12 en lo que llevamos de año.

Más allá del tipo de delitos que puedan quedarse fuera o no, lo que preocupa a expertos y juristas es la falta de transparencia y de argumentación por parte del Ejecutivo a la hora de otorgar estos indultos. Desde Civio piden, por ejemplo, que los informes judiciales sean vinculantes y que se dejen de lado los intereses partidistas: “Nosotros creemos que es un error importantísimo, que esto no es un mercadeo de delitos electoralista de ‘haber qué le conviene a mi votante" reclama Belmonte. "Se tiene que plantear una reforma de la ley, que es de 1870 y que necesita un cambio urgente, a largo plazo. No por la coyuntura de ahora, no para solucionar un problema puntual”.

Una reforma, la de la ley de indultos, que lleva casi dos años de tramitación en el Congreso y que en principio impedirá los indultos para delitos de corrupción y violencia machista, aunque la derecha quiere también que se excluyan los de rebelión y sedición. Una posibilidad, esta última, sobre la que no se mojan las asociaciones de magistrados. “No veríamos mal que quedaran excluidos. Tampoco, en el sentido contrario, veo la razón por la cual no pueden concederse esos indultos” explica Ignacio González Vega, de Jueces para la Democracia. En la misma línea se manifiesta Celso Rodríguez, de la Asociación Profesional de la Magistratura, que cree que en estos momento esos posibles indultos “se identifica con un proceso determinado que está sin enjuiciar” por lo que considera que su pronunciamiento “dada la inmediata relación que tiene con este caso, no puede ser concluyente.”

Sí que manifiestan los juristas su apoyo a que los condenados por corrupción no tengan derecho a indulto mientras reclaman que se cuente con el informe favorable del Tribunal que haya pronunciado la sentencia de condena que pretende indultarse. Todo para esa futura reforma que en principio debería aprobarse antes de fin de año.

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