Desobediencia institucionalizada

La inhabilitación de un presidente de comunidad autónoma es un hecho de enorme relevancia en la actual configuración de nuestro Estado, máxime cuando esa comunidad es Cataluña, una pieza tan importante de nuestra arquitectura por motivos de todo tipo: históricos, políticos, económicos, culturales.

Así que aunque la decisión se esperara, aunque Quim Torra haya sido sólo vicario, sombra y eco del huido Puigdemont, y aunque nos hayamos acostumbrado a vivir con Cataluña, una relación en el alambre, la inhabilitación del president oficial de la Generalitat es un episodio mayor que revela la magnitud de la tormenta en la que está debatiéndose actualmente nuestra democracia.

Yo quisiera subrayar hoy la circunstancia de que a Torra le saca de la pista un asunto que es casi virutilla de ilegalidad: las pancartas en los balcones del Palau durante la campaña electoral. Muy poquita cosa en la larga secuencia de desacatos, desobediencias, resoluciones desatendidas, desplantes que el independentismo ha venido acumulando en los últimos años en materias de importancia enorme: Ley de transitoriedad jurídica, referéndum ilegal, autodeterminación, pero que, sin embargo, forma parte de un mismo pensamiento.

Un pensamiento que ya casi ha consolidado un corpus teórico de rechazo. Un modo de desobediencia institucionalizada sustentado en el principio de que solo se reconoce de verdad la ley que emana del Parlament. La que procede del Estado, se mide, se sopesa, se acata o no, según convenga. Así que ahora que llega la hora de los vaticinios sobre lo que va a ocurrir sobre el calendario electoral, con Esquerra y Junts per Catalunya como principales protagonistas, lo fundamental, a mi juicio, sería saber si esa atmósfera de desobediencia o frente de rechazo a la legalidad vigente, que medio se ha consolidado ya, se va a mantener o se va a aparcar. Porque si no se aparca, todo lo demás será paisaje.