Taguas revisó los contratos del Estado con las constructoras
El gobierno retrasa el informe oficial que tenía previsto presentar esta semana sobre el ex asesor de Zapatero
El gobierno retrasa la elaboración del dictamen sobre David Taguas, actual presidente de SEOPAN que hasta hace poco tiempo integraba la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
El informe oficial que el gobierno había anunciado para analizar la compatibilidad del cargo que David Taguas ocupa el frente de la Asociación de Constructores, se retrasa para una nueva fecha.
Taguas, que integraba la comisión Delegada de Asuntos Económicos, participó en las reuniones que marcan la revisión de precios de contratos celebrados por las administraciones públicas con las constructoras a las que ahora representa a través de Seopan.
Más información
Eso es lo que ahora está estudiando el ministerio de Administraciones Públicas. Cómo avalar razonado en derecho la luz verde que el ex asesor de Zapatero ha recibido a través de un dictamen preliminar.
La Ley de conflictos de intereses dice claramente que los altos cargos no podrán desempeñar durante dos años tras su cese servicios en sociedades relacionadas directamente con las competencias de su cargo. Aclara esa ley que se considera relación directa cuando el interesado hubiera intervenido en sesiones en las que se hubiera adoptado algún acuerdo en relación con dichas entidades.
David Taguas era miembro de la comisión delegada de asuntos económicos, participaba en esas sesiones entre cuyas funciones, residía la de aprobar los índices de precios de materias de construcción como cemento, maderas o aluminio.
Se trata de un índice aplicable a la revisión de precios de contratos entre la administración y las constructoras para las que ahora trabaja Taguas.
Según la Ley, si el dictamen que elabora Administraciones Públicas, declara la existencia de incompatibilidad y a Taguas se le imputa falta muy grave, no podría volver a ser designado para un puesto como el que ocupó en Moncloa por un espacio de entre 5 y 10 años. Además, se le retiraría la pensión que cobrará durante 18 meses a cargo del estado, paralelamente al sueldo que le pagarán los constructores.
