El juez Garzón implica al tesorero del PP en la trama corrupta y remite el caso al Tribunal Superior de Madrid

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha acusado hoy al tesorero del PP, Luis Bárcenas, de recibir 1.353.000 euros, y ha apuntado, además a que el senador popular Gerardo Galeote, pudo percibir de la organización liderada por el empresario Francisco Correa, 652.000 euros, según se desprende del auto por el que remite la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha declarado este martes competente para instruir el caso Gürtel, que hasta ahora llevaba el juez Baltasar Garzón, aunque ha preguntado al fiscal si debería enviarlo al Tribunal Supremo, ya que parte de los investigados son aforados en la Comunidad Valenciana.

Según informa el TSJM, el tribunal ha reclamado además "la inmediata remisión" a la sala de lo civil y de lo penal de la totalidad de las actuaciones seguidas hasta ahora por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con el caso, sin perjuicio de la decisión que adopte el Tribunal Superior de Valencia respecto a la parte que les envió este magistrado.

El TSJM relaciona con las "actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación" a los diputados de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor.

El auto desgrana los indicios de la implicación de cada uno de ellos y, así, dice que "declaraciones de alguno de los imputados apuntan a la intervención de López Viejo, aprovechando sus cargos públicos anteriores (viceconsejero de Presidencia), para favorecer a alguna de esas empresas".

Las mismas declaraciones y documentación "son indicativas de la posible realización por Martín Vasco -durante su etapa como consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal S.A., vinculada al Ayuntamiento de Arganda del Rey-, de labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos desarrollados en ese Ayuntamiento".

También hay indicios de la "percepción" por parte de este diputado regional "de notables cantidades de dinero de personas relacionadas con sociedades favorecidas por esa adjudicación".

Por último, el TSJM dice que "las mismas diligencias ponen de manifiesto que Bosch Tejedor (...), cuando desempeñaba su cargo de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado societario de Francisco Correa, favorecidas por la intermediación de aquél".

Qué hacer con los aforados de Valencia

El TSJM también ha pedido a la Fiscalía que le informe de la posible competencia del Tribunal Supremo para investigar el caso en vista de los indicios de la implicación en la trama de aforados de dos comunidades diferentes, es decir, de Madrid y Valencia.

El problema puede surgir si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que Garzón remitió la parte de la causa, también se declara competente para investigar al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; y al secretario general del PP en esa Comunidad Autónoma, Ricardo Costa; ambos aforados.

En este sentido, el TSJM recuerda que "es criterio del Tribunal Supremo (...) que cuando en una misma causa aparecen responsables personas aforadas de dos Comunidades Autónomas diferentes, corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el conocimiento de la causa", por lo que ha acordado solicitar a la Fiscalía su parecer sobre esta cuestión.