El Gobierno baraja ampliar la prestación de 420 euros para que beneficie a más parados

Las críticas recibidas a las medidas de ayuda anunciadas recientemente por el Gobierno estaban dirigidas hacia la fecha del 1 de agosto. El Ejecutivo ahora revisa el decreto y baraja ampliar la cobertura de los 420 euros a aquellos parados que dejaron de cobrar la prestación en julio o incluso junio, según ha confirmado la Cadena SER.

El Gobierno está dispuesto a cambiar los requisitos para acceder a la nueva prestación de 420 euros para los parados con pocos ingresos que aprobó la semana pasada. Dos días después de la entrada en vigor de la medida, y tras las numerosas críticas recibidas, el ejecutivo ha anunciado que se reunirá con los sindicatos para evaluar la ejecución de la nueva prestación y estudiar los cambios necesarios para que sea más efectiva.

La medida ha suscitado críticas sobretodo por la barrera que impedía beneficiarse de ella a los que se quedaron sin paro antes de agosto. Para recibir durante seis meses los 420 euros, los parados tenían que haber agotado la prestación a partir del 31 de julio, además de cumplir criterios de renta y participar en cursos de formación para mejorar sus posibilidades de encontrar trabajo.

Los sindicatos y los parados que no cumplían los requisitos habían criticado que la medida fuera muy limitada porque la barrera del 31 de julio dejaba fuera de esta prestación a centenares de miles de personas.

Desde Lanzarote, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recordado que la aplicación de esta prestación supone un importante volumen de gasto público. Tras justificar el decreto inicial porque según dice "era razonable que la medida entrara en vigor a partir del momento de su aprobación", Zapatero ha añadido que están dispuestos, buscando el máximo consenso social, a cambiar la normativa para que sean más los parados que se beneficien de estas ayudas y supondrá un gran esfuerzo económico de las arcas públicas.

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Según cálculos del gobierno, tal como está prevista actualmente, la medida beneficiará a unas 340.000 personas y estará en vigor durante 6 meses. Las estimaciones del ejecutivo y de los sindicatos apuntan a que si la medida entra en vigor con carácter retroactivo se pueden beneficiar unos 50.000 parados más de media por mes.