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Ochos años investigando a Carlos Fabra

El todavía líder del PP en Castellón se enfrenta a una petición de condena de hasta 20 años de cárcel y una indemnización de más de 2 millones de euros

El caso Fabra se remonta al 18 diciembre de 2003, cuando el programa 'Hora 25' de la Cadena SER informó sobre las dos querellas interpuestas por un empresario de Artana, Vicente Vilar, contra el presidente del PP y de la Diputación de Castellón, porque supuestamente, le cobraba comisiones a cambio de su gestión ante los ministerios de Aznar para aprobar los fitosanitarios que ambos fabricaban.

Un mes más tarde, el juzgado número 1 de Nules ordenaba que Carlos Fabra fuera investigado por supuestos delitos contra la Administración Pública, que contempla el cohecho, el tráfico de influencias, y las negociaciones prohibidas entre otros, al observar indicios de delitos.

La titular del juzgado imputó por esos supuestos delitos al presidente provincial, a su esposa, María Amparo Fernández, a Vicente Vilar, y a su ex mujer, Montserrat Vives.

Los 4 pasaron por el juzgado y de sus declaraciones se dio a conocer un supuesto entramado de empresas para beneficiarse del negocio de aquellos productos.

Pagos en bolsas de plástico

Según la declaración de Vilar, Carlos Fabra cobraba desde 1999 a veces en negro, en bolsas de plástico, y otras a través de su empresa Carmacás, por mediar ante los ministerios para conseguir la autorización de los fitosanitarios. Estos productos, eran vendidos a través de la empresa Artemis 2000, que Vilar y Fabra pusieron a nombre de sus esposas, consiguiendo también por esa vía, cuantiosos beneficios.

Incremento patrimonial y un Picasso

El incremento patrimonial de Carlos Fabra durante esos años, con un sueldo de 6.000 euros al mes de la Diputación, fue sorprendente, según sus propias declaraciones de bienes. Multiplicó por siete el valor de su patrimonio y por once el número de sus acciones en bolsa. A partir de 1999 adquiere cinco nuevas viviendas, varias de ellas de lujo soportando hipotecas por más de 500.000 euros, coches de alta gama como un Jaguar o un Mercedes, diversas parcelas, y obras de arte de gran valor, incluido un grabado de Picasso.

Con el cambio de Gobierno en marzo de 2004, el nuevo Fiscal General del Estado sustituyó a Javier Arias como representante del ministerio público en el proceso, y la fiscalía anticorrupción se hizo cargo de la investigación.

La primera consecuencia fue la apertura de otra investigación penal contra Fabra por un supuesto delito fiscal. La Agencia Tributaria le acusó por no haber declarado más de 600.000 euros ingresados en efectivo en un centenar de cuentas bancarias en 1999, y casi 300.000 euros más en cheques.El representante legal de Fabra se reunió en más de 20 ocasiones con los inspectores de Hacienda pero no pudo explicar de dónde venía ese dinero.

Un informe pericial de la Agencia Tributaria a instancias del propio juzgado reveló que entre 2000 y 2004 habría cometido cuatro delitos fiscales más. Fabra aseguró que todo lo que tenía que decir al respecto lo diría ante la justicia. Sin embargo, la juez le citó de nuevo a declarar, y Fabra no quiso contestar a sus preguntas. El presidente de la Diputación negó que hubiera cobrado por mediar ante los ministerios.

Decenas de personas han pasado por los juzgados de Nules desde que hace casi 8 años se iniciaron los trámites de investigación. Entre las declaraciones, las de cuatro ex ministros de Aznar. Uno de ellos, el ex ministro de Agricultura, Jesús Posada, reconoció que Carlos Fabra, Juan Costa, y otros parlamentarios del PP de Castellón se reunieron con él en la sede del ministerio en Madrid y le pidieron agilidad en los trámites de aprobación de los fitosanitarios de Vilar. Un interés que el propio ex ministro calificó de inusual. Todos los ex ministros, a excepción de Costa, admitieron contactos o reuniones para aprobar esos productos. Además, una ex directora general del Ministerio de Sanidad reconoció que el ministerio informó a Fabra sobre cómo iban los trámites de legalización de los fitosanitarios.

En el plano político, el Partido Popular ha cerrado filas en torno a Fabra desde la apertura de la investigación, aun cuando incumplía su propio código ético. Personalidades relevantes como Aznar o Rato eludieron en su día pronunciarse al respecto; Mariano Rajoy llegó a calificar a Carlos Fabra como "ciudadano y político ejemplar".

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