El Supremo aprecia indicios de un delito de cohecho impropio contra Garzón

El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha dictado auto de transformación de procedimiento y aprecia indicios de un delito de cohecho impropio que habría cometido Baltasar Garzón al solicitar a importantes empresas españolas que patrocinaran los cursos que el magistrado de la Audiencia Nacional impartió en la Universidad de Nueva York. Marchena considera que el dinero fue entregado en atención a la condición de juez de Garzón.

El juez del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha dado por concluida la investigación abierta contra Baltasar Garzón por los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York, patrocinados por importantes empresas españolas. Marchena aprecia indicios de un delito de cohecho impropio y da un plazo de diez días a las partes para que presenten los escritos de defensa y acusación y pidan, en su caso, la apertura de juicio oral.

Marchena considera que el juez de la Audiencia Nacional se dirigió personalmente al Banco Santander, Cepsa, Telefónica, BBVA y Endesa para conseguir los fondos necesarios que le fueron entregados atendiendo a su condición de juez.

Argumentos

El magistrado instructor considera que Baltasar Garzón ostentaba la condición de juez y, por lo tanto de funcionario, cuando ocurrieron los hechos. El hecho de que disfrutara de una licencia por estudios no le situaba "al margen de la prohibición de solicitar dádivas y de aceptarlas", ya que "en la vida administrativa del juez "no existen paréntesis artificiales de impunidad".

Únete al canal de WhatsApp de la SER

El auto también da por hecho que el dinero se entregó en consideración al cargo que ocupaba, hasta el punto de que el imputado se convirtió en una suerte de híbrido entre "autoridad jurisdiccional y exitoso gestor de fondos". Las empresas, añade, "sabían perfectamente" el cargo que ocupaba el requirente "y por si hubiera alguna duda ya se encargaba el imputado de recordárselo haciendo referencia a su condición de magistrado de la Audiencia Nacional" en las cartas que les enviaba.

El tercer elemento incriminatorio contra Baltasar Garzón es que esos patrocinios supusieron un beneficio para él o para terceros. El juez Marchena relaciona el dinero de las empresas españolas con el sueldo que la Universidad de Nueva York abonó a Garzón. El Tribunal Supremo, además, acusa al centro académico de ocultar información y de crear "un interesado escenario de descontrol y un reparto clandestino" de las "abultadas" partidas económicas que habían que repartir.

La querella que dio origen a esta causa fue presentada por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea. El Ministerio Público, tal y como ocurre en las otras dos causas que tiene abiertas Garzón en el Supremo, pide el archivo de las diligencias. El delito de cohecho impropio no lleva aparejada pena de inhabilitación ni de cárcel al aplicarse en este caso el código penal anterior a la reforma del año 2010. Baltasar Garzón se enfrentaría a una pena de entre 3 y 6 meses de multa.