Los sindicatos cuestionan la constitucionalidad de la reforma laboral

Después de presentar la reforma, el gobierno quiere hablar de ella con los agentes sociales. La ministra de Empleo, Fátima Bañez, se ha reunido esta mañana con los líderes de los sindicatos UGT y CCOO, y de las patronales CEOE y CEPYME, para conocer sus impresiones sobre el Real-Decreto Ley aprobado el viernes por el Consejo de Ministros.

Tras la reunión, de una hora de duración, han comparecido ante la prensa los sindicatos. Los líderes de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, han insistido en los argumentos que lanzaban este fin de semana: la reforma no frenará la destrucción de empleo, sino que la acelerará. E iban más allá: están dispuestos a llevar algunos de sus aspectos al Tribunal Constitucional.

Ha sido Fernández Toxo quien ha desgranado qué aspectos les parecen inconstitucionales: los nuevos contratos que pueden firmar las PYMES, que incluyen un periodo de prueba de un año, pueden "discriminar a las personas que trabajan en una empresa de hasta 50 trabajadores", algo que le parece que "no es aceptable constitucionalmente en nuestro país". Lo mismo sucede, para Toxo, con el hecho de que se derive a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos la decisión última en caso de desacuerdo a la hora de pactar los convenios. Según el Secretario General de Comisiones, ya hay sentencias del Tribunal Constitucional que "impiden a la Administración emitir laudos obligatorios, y la Comisión es un espacio en el que está la Administración".

En todo caso, para decidirse a llevar la norma ante el Constitucional, los sindicatos esperarán primero a su aprobación definitiva por el Parlamento.

En cuanto a la oferta de diálogo del Gobierno, los sindicatos dicen que la "valoran", pero que les parece poco que el emplazamiento sea para hablar sólo de cuestiones técnicas. "El Real Decreto-Ley no resuelve los grandes problemas que presenta con una corrección de errores técnicos, porque lo que hay que corregir no son errores técnicos sino horrores en materia laboral", apuntaba Méndez.

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El Secretario General de UGT ha sacado la conclusión de su conversación con los responsables del ministerio de que el Gobierno piensa que la reforma "es un procedimiento para tranquilizar a los mercados, y aumentar las posibilidades de obtener financiación". "El motivo de la reforma es financiero, no laboral, y a pesar de ello no van a resolver los problemas financieros de nuestro país", añadía Méndez.

El gobierno defiende la constitucionalidad de la reforma

Los representantes empresariales no han querido valorar públicamente el resultado de la reunión. Sí lo ha hecho la ministra de Empleo, que en una breve comparecencia ha defendido la constitucionalidad de la norma. Sobre la objeción que planteaban los sindicatos a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Fátima Báñez decía que "es un mecanismo tripartito que evita la inconstitucionalidad que algunos dicen", sin entrar en más detalles.

Por lo demás, Báñez se ha limitado a defender la norma en los términos que vienen usando en los últimos días los representantes del Gobierno y del Partido Popular que se pronuncian sobre ella: "Esta reforma es equilibrada y constructiva, que busca que se mantenga el empleo con flexibilidad en la empresa, que el despido sea el último recurso, y que este país tenga cada día más empleo pero, sobre todo, mejor empleo".

La ministra ha subrayado que en los próximos días el Gobierno dialogará con los agentes sociales y con todos los grupos políticos para recoger sus propuestas y opiniones sobre la reforma.