La Comisión de Propiedad Intelectual asegura que "la ley Sinde ha tenido efecto disuasorio"

Desde que se pusiera en marcha el 1 de marzo, a la Comisión de Propiedad Intelectual han llegado 63 demandas de cierre vía web y 212 se han presentado en los registros de la Administración del Estado. Se han denunciado tanto páginas de enlace como páginas que permiten directamente la descarga.

La nueva legislación permite a este órgano interrumpir por un año las páginas web que vulneren derechos de propiedad intelectual. Cuando un titular de derechos de propiedad intelectual compruebe que se están utilizando sus obras sin permiso, puede iniciar un procedimiento ante esta comisión. En un plazo de 20 días y un máximo de tres meses, se puede interrumpir el servicio.

La Comisión no actúa de oficio y sólo pueden denunciar los creadores o sus representantes a través de sociedades de gestión de derechos de autor, como 'Promusicae'. El primer día el músico Eme Navarro presentó 200 denuncias para protestar contra la ley y colapsar el funcionamiento de la comisión. Desde el 1 de marzo, se han presentado 275 denuncias: 212 en los distintos registros de la Administración General del Estado y 63 presentadas por vía telemática. Entre las páginas denunciadas: 'Gratis-juegos', 'Bajui' o 'Series-pepito'.

Efecto disuasorio

En un primer momento, la acción judicial interviene si el denunciante no puede identificar al responsable de la presunta infracción. En ese caso, el juez puede recurrir a los prestadores de servicios de Internet para solicitar la búsqueda de la identificación. Y en un último momento, el juez puede autorizar el cierre de la página o la retirada de contenidos, aunque previamente el denunciado puede presentar alegaciones o incluso retirar voluntariamente los contenidos de Internet con lo que se daría fin al procedimiento. En esa línea, María Teresa Lizaranzu, presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual y directora general de Políticas e Industrias Culturales y del Libro, se muestra satisfecha y concluye que "la ley Sinde ha tenido un efecto disuasorio". Algunas de las páginas que han sido objeto de estas solicitudes por parte de los titulares de los derechos han dejado de funcionar y recuerda que esas web han colgado textos como el siguiente: "No nos ha cerrado la comisión, hemos decidido dejar de funcionar". Sin embargo, asegura que se pueden "crear otras simultáneamente a nuestro trabajo".

María Teresa Lizaranzu asegura: "No queremos hablar de denuncias. Es un procedimiento administrativo, con la intervención del juez . Por lo tanto, no es un procedimiento penal. Con este procedimiento, queremos contar con un instrumento más".

Fase pedagógica

Puntualiza que se están dando los primeros pasos porque están en fase pedagógica y de sentar criterios comunes. Lo explica: "Nos reunimos con cierta regularidad para que esos expedientes se resuelvan de una manera similar, para consolidar este procedimiento e ir con todas las garantías jurídicas". Incluso, a pesar de la labor de los medios de comunicación a la hora de explicar el procedimiento detecta que "algunas de las solicitudes no han venido suficientemente acompañados de lo que pedimos". En esos casos o bien, la Comisión no resuelve y se considera que ha sido desestimada la petición o se puede solicitar que el expediente sea completado para continuar con los trabajos.

Juan Luis Sánchez, periodista y experto en comunicación digital, considera que la polémica reside en conseguir que "funcione por la vía civil lo que no ha funcionado por lo penal" . Añade que hasta ahora las sentencias relacionadas con las web de enlaces han fallado a favor de la persona que tenía esa página web en la Red. "Se monta la ley Sinde para que no se denuncie al web, sino a una comisión pública. La comisión dice: "Usted cierre la página" y si la persona dice que no, entonces se recurre al juez". Entonces la pregunta que se plantea al juez es: "¿Si se cierra esta web, estoy atentando contra su libertad de expresión?" No se plantea si se incumple la ley de Propiedad Intelectual, y ése es el centro de la polémica", recuerda Juan Luis Sánchez.

En respuesta a estas críticas, María Teresa Llizaranzu, responde que antes "los autores no podían identificar quién estaba detrás de esa página. Este procedimiento administrativo puede ser utilizado en un juicio civil y permite una reparación de daños. La vía penal es muy excepcional".

Piratería en la Universidad

La piratería no es sólo cuestión de música o cine. Cedro, la entidad gestora de gestión de derechos de autor en el sector del libro, ha demandado a la Universidad Carlos III alegando que la universidad está distribuyendo sin autorización contenidos con copyright. La sociedad reclama desde 2005 a las universidades españolas que paguen las licencias. Estiman sus pérdidas en 8,2 millones de euros en conceptos de derechos de autor.