Sociedad
CASO ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ

Interior destituye al comisario que decidió iniciar la investigación a Ignacio González

El comisario general, José Enrique Rodríguez Ulla, nombrado por el Gobierno el pasado enero, ha sido cesado por la "pérdida de confianza" del ministro a raíz de que abriera la investigación a Ignacio González sin dar parte a mandos superiores

Madrid

Interior atribuye al comisario haber actuado motivado por el chantaje del Sindicato Unificado de Policía al dar a entender en una misiva que el alto mando policial pidió trabajo para su hija en el Banco de España.

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Interior ha anunciado cambios en la organización de los mandos policiales. El más relevante es el cese del comisario general José Enrique Rodríguez Ulla, nombrado por el ministro Jorge Fernández Díaz el pasado enero. Según fuentes de Interior, el comisario general ordenó abrir una investigación al vicepresidente de Madrid, Ignacio González -tras la anterior calificada de ilegal por parte del ministro Fernández Díaz- en relación al ático que alquila en Marbella y un supuesto delito de blanqueo a través del inmueble. Interior entiende que el motivo de la nueva apertura, esta vez oficial, fue un supuesto chantaje del Sindicato Unificado de Policía. El sindicato policial dio a entender en una misiva interna dirigida al comisario que tenían conocimiento de que pidió un trabajo fijo para su hija "en un organismo del Estado", concretamente, el Banco de España.

El escrito del SUP, decía textualmente "mandos policiales que obedecen a consignas políticas e incumplen la ley o que dejan de cumplir con su obligación profesional a cambio de trabajo fijo para su hija en un organismo importante del Estado por citar un ejemplo, son caballos de Troya". Fuentes del ministerio consideran que debió informar del chantaje antes de ordenar abrir el caso. Supuestamente, el comisario Rodríguez Ulla habría pedido un trabajo fijo para su hija en el Banco de España.

Interior mantiene haber esperado a que la Fiscalía archivara el caso para proceder a la destución. El expediente de González llegó a Anticorrupción por parte del SUP. El pasado 10 de mayo informó al sindicato mayoritario de la Policía de que "la información y los datos aportados eran "insuficientes para iniciar una investigación penal por no presentar elementos objetivos indiciarios que pudieran servir de soporte a una investigación, pudiendo servir, en su caso, para una investigación policial". Con esta respuesta el sindicato dirigió una carta a decenas de cargos policiales solicitándoles que dieran curso a las diligencias policiales. Entre ellas estaba la misiva a Rodriguez Ulla, quien mandó iniciar la investigación por escrito, según fuentes policiales. Investigación que de alguna manera vuelve a quedar huérfana con la destitución de quien la ordena.

En lugar de José Enrique Rodríguez Ulla ha sido nombrado el comisario principal, José García Losada, hasta ahora director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO). García Losada ha dirigido distintos equipos especializados en delincuencia económica y financiera y asumió la misma responsabilidad en 2002, durante la última legislatura del Partido Popular.

Al frente del CICO estará el comisario José Luis Olivera, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), responsable de las últimas instrucciones anticorrupción como Gürtel o Brügal en la Comunidad Valenciana. Otro nombramiento muy esperado es el del máximo responsable de la Jefatura Superior de Policía de Valencia. El comisario José Manuel Salgado dejará la comisaría Provincial de Pontevedra, puesto que ocupará el comisario Guillermo Sánchez, hasta ahora destinado en Vigo. Salgado sustituirá a Antonio Moreno, inspector jefe que tildó de "enemigos" a los manifestantes del instituto Luis Vives.

Los cambios, según ha informado el ministerio a través de un comunicado, pretenden reforzar e impulsar la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el blanqueo de capitales.

En cualquier caso, con estos cambios Interior completa la renovación de los mandos policiales más sensibles en materia de información y anticorrupción.

 
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