El IVA subirá a partir del 1 de septiembre

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el grueso de las medidas que anunció este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la subida del IVA, los recortes a los funcionarios, el anteproyecto de reforma de la Administración Local y un informe sobre la reforma de la Ley de Costas, según fuentes gubernamentales. Al inicio del Consejo de Ministros que ha presidido de forma extraordinaria en Zarzuela, el rey ha recordado al Gobierno que ''nadie puede quedar excluido de la recuperación económica''.

Así, el Ejecutivo ha aprobado una subida de la tasa general de IVA de tres puntos, hasta el 21%, y de dos puntos para la tasa reducida (del 8% al 10%), aunque mantendrá la superreducida, que grava los bienes de primera necesidad, en el 4%. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que en el tipo reducido del IVA quedan transporte, hostelería y cesta de la compra mientras los espectáculos culturales, los productos sanitarios y funerarias, que hasta ahora tributaban como reducidos al 8%, pasarán a tributar con el IVA normal que será del 21% a partir del 1 de septiembre.

"En el año 2013 promoveremos una reducción de 1 punto en las cotizaciones de la Seguridad Social seguido de la reducción de otro punto en 2014", anuncia Montoro en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. A partir del 1 de enero de 2013 será suprimida la deducción por adquisición de vivienda. El IVA del 4% para la adquisición de primera vivienda también tiene fecha de caducidad. A partir también del 1 de enero de 2013 pasará a ser del 10%.

Montoro ha afirmado que subirán el IVA "porque es obligado hacerlo" por las circunstancias, las recomendaciones y por la "prioridad absoluta de reducción del déficit", aunque ha dejado claro que en cuanto sea posible "se compensará" este sacrificio, como ya se empezará a hacer el año próximo con la bajada de cotizaciones sociales.

Adiós a la paga de Navidad de los funcionarios

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Además, el decreto ley aprobado este viernes el Consejo de Ministros incluirá cambios en la Función Pública, con la supresión de la paga extraordinaria de Navidad para los empleados públicos de todas las Administraciones, que será compensada a partir de 2015 a través de un fondo de pensiones.

En ese mismo decreto se recogerá una rebaja del 7,1% del sueldo para los miembros del Gobierno, en la parte proporcional a la paga extra de Navidad que van a dejar de percibir todos los funcionarios. "España tiene una gran función pública", asegura Montoro. "Se trata de estar a la altura de un tiempo difícil", afirma en relación a la supresión de la paga extra de navidad de los funcionarios.

También se reducirá la pensión que reciben los expresidentes del Gobierno en la parte equivalente a la paga extra de los funcionarios, una medida que también se aplicará a los exministros, que cobran una ''pensión indemnizatoria'' al finalizar su mandato por un máximo de dos años.

Eso sí, la norma del Gobierno hará incompatible el cobro de esa indemnización de exalto cargo con cualquier otro sueldo, una medida que podría afectar a varios miembros del gabinete de Zapatero como Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco, Francisco Caamaño, Antonio Camacho, Trinidad Jiménez, Valeriano Gómez, Ramón Jauregui o Manuel Chaves.

Aparte de quitar esta paga extra, el decreto ley reducirá los ''moscosos'' y ajustará el número de liberados sindicales a lo estrictamente dispuesto en la ley. Previsiblemente el Congreso de los Diputados convalidará todas estas medidas la última semana de julio.

Liberalización del horario comercial

El horario comercial se amplía de 72 a 90 horas en días laborales y, en el caso de los establecimientos comerciales de menos de 300m2, tendrán a partir de ahora plena libertad horaria.

Además, si hasta ahora se tenía permiso para abrir hasta 12 domingos al año, a partir de ahora podrán abrir un máximo de 16 y, en ningún caso, menos de 10 y podrá haber rebajas en cualquier época del año.

Reducción de un 30% del número de concejales

La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que, de aquí a finales de año, se aprobarán "20 leyes que tienen como objetivo reformar las administraciones públicas, ganar en competitividad y mejorar nuestra economía". El Consejo de Ministros de este viernes ya ha aprobado el anteproyecto de ley para reformar la Ley de Bases de Régimen Local, una norma que limitará las competencias que pueden ejercer los ayuntamientos, exigirá unos mínimos de eficiencia para desarrollarlas y potenciará las diputaciones provinciales.

Con esta reforma el Gobierno pretende ahorrar unos 3.500 millones de euros. Sólo con la eliminación de las mancomunidades se prevé ahorrar alrededor de 700 millones de euros, han informado fuentes gubernamentales.

Con la reforma de la administración local los interventores municipales pasarán a depender del Ministerio de Hacienda y no podrán ser así revocados por los ayuntamientos, una medida con la que se busca dotar de independencia a esta figura encargada de fiscalizar la gestión y la contabilidad municipal. Además, asumirán responsabilidades por su gestión. Montoro ha anunciado que, aquel municipio que no cumpla con sus obligaciones, "sus servicios públicos pasarán a desarrollarse por las diputaciones provinciales".

El presidente del Gobierno anunció en el Congreso que esta reforma supondrá una reducción de un 30% del número de concejales; actualmente es de 68.286, por lo que se reducirá en unos 20.400. La nueva cifra que elegirán los ciudadanos en las urnas se aplicarán en las próximas elecciones municipales.

Nuevo mecanismo para proporcionar financiación a las CCAA

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado la creación de un fondo sin personalidad jurídica que se va a financiar por parte del Tesoro español para las comunidades autónomas que lo necesiten.

La gestión de los préstamos corresponderá al ministerio de Hacienda y la adhesión al mecanismo será voluntaria. Las necesidades de financiación de las comunidades autónomas se han estimado en un máximo de 18.000 millones de euros pero, según De Guindos, dependerá del número de comunidades que se adhieran a este mecanismo.

Ley de Costas

El Gobierno ha aprobado este viernes el anteproyecto de la Ley de Costas, que supone una clarificación del concepto del dominio público marítimo-terrestre. Sáenz de Santamaría asegura que esta ley persigue un doble objetivo: protección del litoral y protección jurídica a propietarios y concesionarios. "Tolerancia cero frente a agresiones en las costas", afirma.

En relación a los propietarios, se amplía la concesión hasta los 75 años y las concesiones de los chiringuitos serán por cuatro años siempre y cuando "se cumplan las condiciones de protección medioambiental del litoral".

Igualmente, se ha referido a la cláusula 'antialgarrobicos', una disposición legal que permitirá que la Administración del Estado, a través de la Abogacía del Estado, pueda intervenir para parar obras en pleno dominio público de playas o servidumbre contrarias a la legislación. "La abogacía del Estado podrá recurrir esas concesiones y obtener su suspensión para evitar determinados hechos consumados", ha subrayado.