Sociedad

España y Marruecos desalojan de madrugada a los 83 inmigrantes de Isla de Tierra

La Guardia Civil entrega a la mayoría de ellos a la gendarmería marroquí, mientras España acoge a 10 inmigrantes

Varios inmigrantes permanecían en la Isla de Tierra este domingoEFE

Agentes de la Guardia Civil han desalojado esta madrugada a los 83 inmigrantes que permanecían en la pequeña Isla de Tierra, en el archipiélago de Alhucemas, y han entregado a la gendarmería marroquí a 73, según fuentes del Ministerio del Interior.

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Según han confirmado fuentes de Interior a la Cadena Ser, la operación comenzó pasada la 1:00 de la madrugada con un numeroso desembarco de efectivos de la Guardia Civil a Isla de Tierra, a pocos metros de la costa marroquí y ha concluido a las 4:30 de la madrugada. De los 83 inmigrantes que permanecían en el islote de soberanía española, finalmente se han entregado 73 a la Gendarmería marroquí, con lo que España se hace cargo de diez inmigrantes.

Al reparto hay que sumar los tres menores y tres mujeres trasladados a España la semana pasada tras el primer desembarco en el peñasco el pasado miércoles 29 de agosto.

El desalojo lo han llevado a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas que llegaron a Isla de Tierra en lanchas neumáticas y llevaron a parte de los inmigrantes a la playa de Sfiha, donde esperaba un amplio dispositivo de policía, militares y gendarmes marroquíes. Según las mimas fuentes, una vez entregados a Marruecos, dan por seguro que los inmigrantes de origen subsahariano serán expulsados a sus países de origen.

La operación de expulsión se ha producido de madrugada sin que trascendieran datos oficiales. El "reparto" de inmigrantes subsaharianos entre España y Marruecos forma parte del acuerdo al que llegaron los ministros españoles de Interior y Exteriores, Jorge Fernández Díaz y José Manuel García Margallo respectivamente, con sus homólogos marroquíes y tras la intermediación del rey Mohamed VI. Un acuerdo confirmado en la tarde del lunes 3 de septiembre y del que no se han conocido los detalles hasta que se ha consumado.

El pacto alcanzado durante las conversaciones supone la aplicación de un acuerdo bilateral de readmisión de inmigrantes irregulares en vigor desde 1992. Un convenio que no se había utilizado hasta ahora por la dificultad de probar que la vía de entrada de los inmigrantes era Marruecos y no Argelia. Ambos gobiernos han asumido la "responsabilidad compartida", como subrayan fuentes cercanas a la negociación, de luchar contra las mafias de la inmigración y frenar las últimas oleadas de inmigrantes que han intentado llegar a España a través de la valla de Melilla.

<a name="despiece1"></a>Expertos y abogados cuestionan la legalidad de la operación

Varias ONGs dedicadas a la inmigración y la defensa de los derechos humanos han criticado que los inmigrantes no hayan recibido asistencia jurídica o la posibilidad de pedir asilo. En cuanto al procedimiento, expertos y juristas recuerdan la obligación de tramitar un expediente de expulsión. Según José Alonso, portavoz de la Asociación Pro derechos humanos de Melilla, para la expulsión de extranjeros de España es obligatorio tramitar en las comisarias de Policía un expediente de expulsión que en este caso no se ha realizado. El desalojo de los 71 inmigrantes del islote tampoco sería una devolución, ya que implica que el extranjero no entre en territorio nacional y el islote es de soberanía nacional.La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha asegurado a través de un comunicado que el Gobierno "ha violado la legislación española" al entregar a los inmigrantes de Isla de Tierra a Marruecos y "no ha respetado el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería" al no haber posibilitado a potenciales refugiados solicitar asilo y al tiempo han sido entregados "a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas inmigrantes".los argumentos jurídicos utilizados por asociaciones como APDHA o CEAR pasan por la obligación legal de estudiar de forma individual si cada uno de los inmigrantes reunía los requisitos establecidos en la ley para acceder a territorio español. Además, la ley contempla la posibilidad de acceder a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial.

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