El gobierno de Lisboa quiere recortar 40.000 funcionarios temporales en 2013

El gobierno de derechas del primer ministro portugués Pedro Passos Coelho pretende despedir a unos 40.000 funcionarios públicos con contrato de trabajo temporal en 2013. Así se prevé en el proyecto de ley presentado por el ejecutivo luso, que será discutido con los sindicatos de la función pública este miércoles, en una primera reunión de trabajo.

De momento, los sindicatos de la función pública lo han considerado un "nuevo robo" y un "ataque brutal" a su clase. Por su parte, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP), Armenio Carlos, ha criticado la medida, diciendo que se trata del "mayor despido colectivo del que hay registro en Portugal tanto en la administración pública como en el sector privado".

Según el proyecto de ley, el gobierno de coalición de derechas exige "hasta el 31 de diciembre de 2013, en los servicios y organismos de las administraciones, directas e indirectas del Estado, regionales y municipales, reducir, al menos, un 50% el número de trabajadores con contrato de trabajo temporal, a exclusión de los que tengan cofinanciación por los fondos europeos".

De los 608.000 funcionarios públicos que había en Portugal en el primer trimestre de este año, según datos divulgados por el Ministerio de Finanzas, unos 80.000 son trabajadores temporales. Si la idea del gobierno es recortar la mitad, en la práctica, unos 40.000 funcionarios portugueses no verán renovados sus contratos de trabajo durante el próximo año, por lo que pasarán a formar parte de las listas del desempleo que, según las previsiones del gobierno luso llegará al 16,4% en 2013.

Además, en el proyecto de ley enviado a los sindicatos, el ejecutivo conservador anuncia su intención de aumentar la edad de la jubilación para la función pública de los actuales 63 años y medio a 65 años. Por otro lado, también bajarán los valores de las horas extraordinarias, que pasarán de pagarse al 50% como ahora, para pagarse al 25%.

"La reducción del gasto del Estado no se hace reduciendo trabajadores, porque eso significa al mismo tiempo reducir calidad y cantidad de los servicios de la administración", ha argumentado Armenio Carlos, diciendo que lo que está en marcha es "un ataque contra los trabajadores de la administración pública, contra los servicios públicos y contra los derechos de las poblaciones que se verán afectadas por esta medida". Por ello, Carlos hizo un nuevo llamamiento a la participación de los trabajadores masiva en la huelga general del próximo 14 de noviembre.