El Gobierno propone al Congreso dificultar las jubilaciones anticipadas

El Ejecutivo envía a los diputados dos informes con propuestas genéricas para endurecer el acceso al retiro parcial y anticipado y fomentar la continuidad de la vida laboral más allá de la edad de jubilación. Los textos se debatirán a partir de la semana que viene en el Congreso.

Lo avanzó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el último Consejo de Ministros, y ya es una realidad: el Gobierno ha hecho llegar a las Cortes dos informes para reducir las dificultades económicas de la Seguridad Social que plantean, por un lado, poner más difícil el acceso a las jubilaciones parciales y anticipadas; y por otro, animar a la gente a seguir trabajando más allá de la edad a la que se podrían retirar.

En el primer informe, el Gobierno lamenta los costes para el sistema de pensiones que tienen la jubilación anticipada (la que permite a los trabajadores retirarse con 61 o 63 años -según el caso- sufriendo una reducción en su pensión mediante un coeficiente reductor) y la jubilación parcial (la que permite reducir la jornada laboral a partir de los 61 años a cambio de que la empresa contrate a otro trabajador para sustituir al que empieza a retirarse).

Las soluciones que plantea, en todo caso, son genéricas: el gobierno no se moja con las cifras, y prefiere dejar su fijación (sin duda una medida impopular) al parlamento. Las recomendaciones del informe pasan, entre otras, por aumentar la edad de acceso a estas fórmulas de jubilación a medida que vaya aumentando también la edad ordinaria de jubilación (que irá subiendo poco a poco, lo recordamos, a partir del año que viene hasta llegar a 67 años en 2027). El informe dice que no tiene sentido que la edad ordinaria de jubilación suba paulatinamente y que el acceso a la parcial y a la anticipada quede fijo en 61 o 63 años.

También plantean aumentar el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a las jubilaciones anticipadas y parciales, que ahora son, respectivamente, de 33 y 30 años. Asimismo, proponen endurecer los coeficientes reductores de la pensión que rebajan lo que cobran los que se retiran anticipadamente. En el caso de las jubilaciones parciales, donde no existen ahora esos coeficientes, el Gobierno propone imponerlos.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

En el caso de la jubilación anticipada, el informe incluye un confuso párrafo en el que parece desaconsejar que se permita en el sector público: "Habría que valorar si la jubilación anticipada por voluntad del trabajador se extiende o no a los empleados públicos, teniendo en cuenta el coste que supone para la Seguridad Social el anticipar pagos (máxime en unos momentos de dificultades económicas), la incidencia de jubilaciones masivas en el sector público o el precedente de aplicación de fórmulas de anticipación a la jubilación, respecto de otras figuras como la jubilación parcial".

Hay dos propuestas sin cifras más que afectan en este caso sólo a la jubilación parcial: aumentar la jornada laboral que realiza el jubilado parcial (ahora puede limitarse al 25% de la jornada ordinaria) y prolongar la duración de los contratos de relevo, para evitar la precariedad entre los trabajadores que sustituyen a los que se retiran.

Seguir trabajando más allá de la edad de jubilación

El otro informe, más breve, incluye propuestas igualmente genéricas y sin cifrar sobre otra de las aspiraciones del Gobierno: incentivar a los trabajadores para seguir trabajando más allá de la edad de jubilación. El texto constata que las fórmulas que existen ahora para lograr ese objetivo están teniendo resultados muy pobres, y por ello propone hacerlas más atractivas.

Así, el informe dice que hay que fomentar la compatibilidad de salario y pensión, "en el porcentaje que fuese posible desde la viabilidad del sistema de pensiones". También dice que habría que limitar esta posibilidad a los que tuviesen ya cotizados el número de años necesarios para gozar el 100% de su pensión, y advierte de que no habría obligación de cotizar por este trabajo porque la pensión final tampoco se vería enriquecida.

Ambos informes se debatirán en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, el órgano parlamentario en el que se debaten las propuestas de modificación del sistema de pensiones. Está previsto que la presentación de los textos ante la Comisión la haga el Secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, la semana que viene.