Los farmacéuticos, en pie de guerra contra la liberalización del sector

VALLADOLID

Muchos han sido los cambios que el Gobierno ha introducido en el sistema farmacéutico español. Medidas como el 'copago' o la retirada de financiación de medicamentos, todas justificadas en la obsesión del Ejecutivo por cumplir con el objetivo de déficit marcado por Bruselas. Sin embargo, el sector farmacéutico se ha plantado contra la última modificación que propone el Gobierno: desvincular la titularidad de la propiedad. Esto es, poder abrir una farmacia sin necesidad de poseer el título de farmacéutico.

El sector, que da trabajo a más de 80.000 profesionales, se enfrenta ahora a un cambio de sistema vigente desde el siglo XIII que pretende imitar a modelos como el anglosajón o el holandés, donde la dispensación de medicamentos no solo corre a cargo de farmacias particulares sino también de grandes cadenas de establecimientos comerciales.

Por esta razón, representantes de distintas asociaciones e instituciones del sector se han dado cita hoy en Valladolid, en el marco del VIII Foro para la promoción de la asistencia farmacéutica, para tratar de convencer al Gobierno de que paralice el anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales. Desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, su presidenta, Carmen Peña, criticaba que "la crisis no puede estropear algo que funciona", un comentario que han repetido todos los ponentes participantes en la jornada. Por su parte, el presidente de la Federación de distribuidores farmacéuticos, Antonio Abril, considera que separar la titularidad de la propiedad no aporta ningún beneficio a la prestación farmacéutica española, como quiere hacer creer el Gobierno, y añade que "los cambios que se proponen no ayudan al crecimiento de la economía, ni a la reducción del déficit, pero sí perjudica al usuario".

Y sobre beneficios se ha hablado, pero en otra dirección. José Carlos Cutiño de Lurexcon (organización de profesionales de juristas de consumo) cree que lo que existe detrás de este cambio de regulación es "un cambio de filosofía que implica convertir a la farmacia en una explotación comercial, mercantil e industrial". Una inversión puramente empresarial dice Cotiño, "que no está sujeta a ningún tipo de componente vocacional". Sobre esta reflexión ha redundado Lorenzo Amor, presidente de ATA, que asegura que la modificación que plantea el Ministerio de Economía "responde a intereses económicos de grandes empresas que nada tienen que ver con el sector" y que en lugar de pensar "en dar de comer a unos pocos y quietarles a otros muchos" el Gobierno debería estudiar cómo reducir los plazos de morosidad que las administraciones públicas tienen con las farmacias, que en algunos casos superan los 6 meses, cuando lo legal es pagar a 30 días.