Hubo trato de favor a la empresa que "pagó" la comisión a Cospedal

Madrid

La Intervención General del Estado sostiene que este acuerdo se adoptó "omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos por lo que sería nulo de pleno derecho". La mejora ilegal acordada por el PP, fue ratificada meses más tarde por el gobierno socialista en Toledo "por responsabilidad", según el PSOE.

El juez que instruye la causa de la caja b del PP, Pablo Ruz, ha recibido el informe definitivo de la Intervención General del Estado sobre la contratación de la empresa Sufi, filial de Sacyr, para gestionar las basuras de Toledo. Un contrato concedido en la época del alcalde del PP, José Manuel Molina, a cambio, supuestamente, de una comisión de un mínimo de 200.000 euros para la campaña de María Dolores de Cospedal a la presidencia de Castilla-La Mancha en 2007.

El informe no encuentra irregularidades sustanciales durante el proceso de adjudicación, a falta de analizar alguna documentación de la que los peritos de la IGAE no han podido disponer. Pero sí que detalla un trato de favor ilegal poco después de la adjudicación que tendría que haber provocado la anulación del contrato.

Los inspectores de la IGAE detallan que cuatro días antes de las elecciones del 27 de mayo de 2007, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, integrada solo por concejales del PP, aprobó una modificación al alza del precio del contrato de 11.427.579,68 euros para mejorar las condiciones de los trabajadores en los 10 años de contrato y cuatro de posible prórroga. Una mejora que según el informe, no debió ser asumida "únicamente por la administración".

La IGAE dice que este acuerdo adoptado exclusivamente por el PP cuatro días antes de que el entonces alcalde, José Manuel Molina, perdiera las elecciones, "sería nulo de pleno derecho" porque fue firmado "omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos".

La IGAE constata que el acuerdo "ilegal" de revisión del contrato al alza de Sufi fue ratificado meses después, el 15 de noviembre de 2007, por el nuevo gobierno socialista en Toledo. El portavoz municipal socialista, Rafael Perezagua, ha explicado a la SER que tuvieron que admitir el nuevo contrato "por responsabilidad". Romper el acuerdo, según Perezagua, hubiera supuesto que "los trabajadores iban a dejar de cobrar" y "enfrentarse a una demanda" por daños y perjuicios. El portavoz del PSOE recalca que fue el actual ejecutivo de Toledo el que advirtió a Ruz de las supuestas irregularidades en la contratación de la basura y dice que no descartan "plantear un expediente de lesividad" contra Lamberto García Pineda, extesorero regional del PP y el concejal de Hacienda en Toledo que firmó la mejora contractual, ante las conclusiones de la IGAE.

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, reveló al juez Ruz en su declaración del pasado 15 de julio que medió entre los responsables de Sacyr y el PP castellanomanchego para que la empresa pagase una comisión de 700.000 euros para la campaña de Cospedal a la presidencia autonómica, a cambio de la adjudicación del contrato de basuras a su filial Sacyr en Toledo. Bárcenas aseguró que recogió y entregó parte del dinero, un total de 200.000 euros, al gerente regional del PP José Ángel Cañas, quien firmó un recibí.

Cañas, imputado por el magistrado, admitió en su declaración que la firma era suya, pero negó haber recibido el dinero. Sostuvo que estampó su rúbrica en el papel porque temía a Bárcenas. La explicación enojó a Ruz, y fue contestada por el extesorero el pasado mes de abril: "si dice que firmó sin recibir el dinero, es que es imbécil".