La Audiencia Nacional pide explicaciones al Ministerio de Sanidad por la Hepatitis C

Madrid

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite uno de los dos recursos que presentó el PSM en el mes de enero para combatir las restricciones que se están produciendo en el acceso a estos tratamientos.

Los socialistas madrileños iniciaron un frente judicial para intentar tumbar los criterios, en base a los cuales se están administrando los nuevos fármacos contra la Hepatitis C.

En concreto, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha aceptado la demanda contra la 'Estrategia de Priorización de Antivirales de Hepatitis C', es decir, la guía que marca las pautas a los hepatólogos para que sepan el perfil de los pacientes a los que deben suministrar los medicamentos de ultima generación.

La Audiencia Nacional abre así la vía a la investigación sobre esa supuesta restricción de esos tratamientos. De entrada, han dado al Ministerio de Sanidad un plazo de 20 días para que "ordene la remisión a este órgano judicial de aquellos expedientes administrativos a los que se refiere el acto impugnado", según se puede leer en el Decreto de Admisión de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso la Cadena SER.

A la espera de que el Ministerio de Sanidad mueva ficha, la Sala de lo Contencioso Administrativo emplaza al departamento de Alfonso Alonso a que "puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días".

Contra esta resolución cabe un recurso en un plazo de cienco días.

Ya hay fecha para la querella

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La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C se querellarán el próximo viernes en el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y su antecesora, Ana Mato, al responsabilizarles de muertes y lesiones de enfermos que no han recibido los nuevos fármacos.

La Federación en Defensa de la Sanidad Pública lleva tiempo denunciando que todos los miembros del Comité de Expertos de la Hepatitis C “tienen vínculos directos con Gilead”, el laboratorio que fabrica el Sovaldi. Ni el Ministerio de Sanidad, ni el Comité han hecho pública la Declaración de Conflicto de Intereses que firmaron para acreditar su independencia.