El arquitecto que reformó la sede del PP “seguía instrucciones” del partido para defraudar al fisco
Así lo afirman los peritos de Hacienda ante el juez Ruz, que también ratifican los pagos de 1.7 millones en negro por la sede central del Partido Popular: El doble que lo anotado por Bárcenas
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha tomado declaración este miércoles a los peritos de la Agencia Tributaria que han elaborado sus informes para la pieza separada de la Caja B del Partido Popular.
Según fuentes jurídicas consultadas por la SER, presentes en el interrogatorio, los peritos han concluido la existencia de una colaboración o cooperación entre el Partido Popular y el arquitecto que reformó en negro la sede del PP, Gonzalo Urquijo, para que este último defraudara al fisco con aquellas obras.
En concreto, según las mismas fuentes, los peritos han aseverado a preguntas de los letrados que “se observa en los correos electrónicos” cruzados entre las partes, la existencia de “una correlación entre las alteraciones de las certificaciones de obras” supuestamente fraudulentas, que habría sido practicada “siguiendo instrucciones” del Partido Popular. Con esas “alteraciones”, y obras similares con otros particulares o empresas, el arquitecto habría incurrido en cuatro delitos fiscales durante el periodo en que duraron los trabajos.
Los peritos ya detectaron en su informe del pasado mes de julio que la sede central del Partido Popular ubicada en la madrileña calle Génova de Madrid se habría pagado con 1.7 millones de euros en negro, cuando Bárcenas solo anotó en sus célebres documentos manuscritos un total de 888.000 euros. Fuentes jurídicas sostienen que esa diferencia solo puede explicarse con la existencia de "una caja B alternativa" a la llevada por Bárcenas y Lapuerta, y con más fondos que los gestionados por estos. El PP por su parte, sigue negando que tuviera una caja negra.
Los expertos de Hacienda han insistido en que el fraude al fisco no es imputable al Partido Popular, aunque se demuestren los pagos en negro, porque está blindado por la ley de partidos políticos. Esta norma establece que estas formaciones no deben tributar por el dinero que destinen a los fines contemplados en su objeto social. Por oscuro que sea el origen de los fondos.
Una posición que ha sido discutida por los letrados de la acusación durante el interrogatorio. El representante de Izquierda Unida cree que los pagos en negro por la sede pueden tener repercusión para el PP en el Impuesto sobre el Valor Añadido; mientras que el letrado del PSPV considera que la Ley del Impuesto de Sociedades permitiría imputar un delito fiscal al PP, porque las donaciones ilícitas recibidas por esta formación política afectarían a su actividad.
Los peritos de Hacienda no han querido pronunciarse ante ambos argumentos, según las mismas fuentes, porque estas dos cuestiones “no habían sido objeto de la pericia” ordenada por el juez Ruz.
