El dilema de la jefa de la ONIF
Margarita García-Valdecasas, vista como “seria” o “sumisa” en la Agencia Tributaria, puede ser apercibida por un delito de desobediencia a la autoridad judicial si no responde en los términos requeridos por Ruz
Una oficina de la Agencia Tributaria(EFE)
Madrid
Profesional “seria y respetable” para algunos, de “perfil bajo, plano y con querencia a la sumisión” para otros, según distintas fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por la SER.
Margarita García-Valdecasas Salgado es hija del exrector de la Universidad de Barcelona durante el franquismo, Federico García-Valdecasas, y hermana de la exdelegada del Gobierno en esa provincia y exministra de Administraciones Públicas con Aznar, la ya fallecida Julia García-Valdecasas.
Margarita, ‘Marga’, como gusta ser llamada e incluso firma sus escritos, comenzó su carrera en la subdirección general del Tesoro del departamento de Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Fue nombrada para este puesto por el Gobierno de Jordi Pujol en 1983.
Asciende a jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la ONIF, cuando en junio de 2013, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, remodela toda la cúpula de la Agencia Tributaria por la polémica con el DNI de la Infanta en el caso Nóos.
Montoro nombra al entonces jefe de la ONIF, Santiago Menéndez, como director de la Agencia, y éste prescinde de su sustituta natural en la oficina antifraude, su número 2, Pilar Valiente, por ser “en exceso combativa e independiente”, según las mismas fuentes. Designa para el puesto a García-Valdecasas.
Quienes la valoran bien, no entienden cómo fue capaz de contestar al juez Ruz que un magistrado no era quién para indicarle los criterios tributarios a aplicar, y que si no le gustaban que se buscara otros. Quienes tienen una mala opinión de la jefa de la ONIF dicen que simplemente, se dedicó a actuar al dictado de sus superiores. Unos superiores jerárquicos que son Santiago Menéndez, y Cristóbal Montoro.
Margarita García-Valdecasas tiene escasas salidas ante el auto del juez Ruz, según fuentes jurídicas consultadas por la SER. O contesta tal y como le pide el juez, o puede ser apercibida por un posible delito de desobediencia a la autoridad judicial, contemplado en el artículo 410.1 del Código Penal, que lleva aparejado penas de multa e inhabilitación de hasta dos años para el cargo público que ocupa.
