Hacienda cifra en 220.000 euros el presunto delito fiscal del PP por las donaciones

Madrid

Esta vez sí aunque a regañadientes, la Agencia Tributaria ha contestado al requerimiento efectuado por el juez Pablo Ruz, sobre la evaluación de las eventuales cuotas defraudadas por el Partido Popular en el Impuesto de Sociedades de 2008, por las donaciones ilegales recibidas que figuran anotadas en los 'papeles de Bárcenas', y que aquel año ascendieron a 1.055.000 euros.

La oficina antifraude de la Agencia Tributaria, la ONIF, dice que la cuota dejada de ingresar por la formación política ascendería a 220.167,04 euros, lo que supera ampliamente el margen de 120.000 euros a partir del cual se considera un delito fiscal. Eso por lo que corresponde a las donaciones ilegales. En el apartado de los donativos considerados legales, la cuota dejada de ingresar ese mismo ejercicio ascendería a 25.630,03 euros, según fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER.

La Agencia Tributaria insiste en su informe en que este supuesto delito tendría lugar siempre teniendo en cuenta el criterio marcado por el juez Pablo Ruz. Para sus expertos, en este caso, jamás habría delito porque el Partido Popular está blindado por la ley de partidos y no tenía por qué tributar las donaciones, por oscuro que sea su origen, siempre que sean destinadas a los fines contemplados en su objeto social.

También podría existir fraude en el IVA en el PP

El informe de la Agencia Tributaria también advierte de que el PP puede ser considerado "responsable solidario" por el supuesto fraude en el IVA cometido por el arquitecto Gonzalo Urquijo en la reforma de la sede central del Partido Popular. Unas obras que según los propios peritos de Hacienda, fueron pagadas con 1.7 millones de euros en negro.

El inspector encargado de elaborar el informe, dice que el Partido Popular sería el responsable solidario de ese delito "en el caso de que se determinara que hubiera sido el causante o hubiera colaborado activamente en la realización de esta infracción". Y son numerosos los correos cruzados entre el exgerente del PP, Cristóbal Páez, y el arquitecto, en los que hablan del "arreglo" del Impuesto sobre el Valor Añadido. El perito de la AEAT dice que, en ese caso, la "responsabilidad" solidaria del PP "alcanzará la totalidad de la deuda tributaria exigida al deudor principal". El "deudor principal" es el arquitecto. No obstante, esa responsabilidad del PP sería administrativa y no penal, para el autor del informe.

Las acusaciones sostienen que el PP es responsable solidario del fraude en el IVA junto al arquitecto, porque este "siguió instrucciones" del partido, tal y como concluyeron los peritos de Hacienda en la ratificación de su informe ante Ruz, para defraudar por este concepto.

La AEAT ha ejercido las funciones a las que está obligada por su labor de auxilio judicial, al segundo requerimiento del magistrado. En la primera ocasión, la jefa de la ONIF, Margarita García-Valdecasas, contestó a Pablo Ruz que él no era quién para indicarle los criterios tributarios a aplicar, y que si no le gustaban, se buscara otros. El juez tildó de "infundado, contradictorio, deficiente, erróneo e improcedente", su respuesta y le exigió la respuesta que se ha conocido hoy.