Bárcenas apunta a Rajoy, Cospedal y Acebes por el posible fraude en las donaciones ilegales

Madrid

El extesorero del Partido Popular, ha presentado su recurso al auto del juez Ruz en el que propone juzgar el caso de la caja b del PP.

El letrado de Luis Bárcenas sostiene en su escrito que ni el gerente ni el tesorero del PP establecían los "criterios jurídico tributarios". Una responsabilidad que compete a "los administradores o legales representantes" a quienes "el Congreso Nacional del Partido Popular" otorgó "los poderes generales y habilitaciones especiales con carácter indistinto y solidario, con las más amplias competencias para la administración, disposición y representación de los bienes e intereses del Partido".

Esos "administradores" según los estatutos, serían los secretarios generales y el presidente del PP, pero Bárcenas no implicaría a todos sino solo a Ángel Acebes, secretario general hasta junio de 2008, y a María Dolores de Cospedal, que le sucedió, además de al presidente nacional, Mariano Rajoy, porque los hechos supuestamente constitutivos de delito tienen lugar en ese año.

El juez Ruz considera que los administradores de hecho son los tesoreros y el gerente, porque tenían la competencia delegada por parte de los secretarios generales del partido. En esta causa, cree que el PP habría incurrido en un delito de fraude fiscal en el Impuesto de Sociedades de 2008, por no haber tributado las supuestas donaciones ilegales recibidas aquel año. Un delito que ascendería a 220.167,04 euros.

El PP sería el responsable civil subsidiario, según Ruz, mientras que los responsables directos y por tanto, sobre los que recaería la carga penal, serían los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, además del exgerente Cristóbal Páez. Eso es lo que precisamente discute Bárcenas; que la responsabilidad penal recaiga sobre ellos, que eran simples empleados del partido, y no en el presidente y los secretarios generales, bajo cuyas órdenes actuaban.

En cualquier caso, en su recurso, Bárcenas también se ampara en el criterio establecido por el asesor de Montoro, de que el PP es como Cáritas, para negar que deban tributarse las donaciones ilegales. Como sostiene la Agencia Tributaria en este caso, el extesorero del PP asevera que la formación política estaba exenta de tributar los donativos, por oscuro que fuera su origen.