La trama Púnica defraudó más de 500 millones de euros
La red comandada por Francisco Granados y David Marjaliza que se estableció desde su epicentro en Valdemoro sobre todo en más de 40 municipios de Madrid, en esta comunidad y León, inició su actividad con el auge del sector inmobiliario en 2004, y con la crisis mutó a contratos de eficiencia energética y desarrollo informático con beneficios irregulares superiores a los 500 millones de euros
Francisco Granados, camino a prisión(EFE)
Madrid
El alcance de la trama Púnica "es superior a la Gürtel", afirman a la SER fuentes de la investigación. Tanto en dinero supuestamente malversado como en municipios afectados. Inició sus pasos a partir de 2004 con el auge del sector inmobiliario, ya con el supuesto líder, Francisco Granados, como consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid presidida entonces por Esperanza Aguirre, y supo adecuarse a la crisis a partir de 2008, y modificar su nicho de mercado hacia los contratos de servicios, organización de fiestas y ante todo la eficiencia energética que un año después, se puso de moda en las administraciones locales.
Para ello, la red dirigida por Granados y el 'conseguidor' Marjaliza contactaron con Cofely, filial de la francesa GDF, sin experiencia en un mercado español que contaba con sociedades solventes para acometer tal tarea. Según los investigadores, Cofely se habría prestado a la concesión de comisiones millonarias a cambio de contratos en los ayuntamientos, que iban desde las "canalizaciones, a la sustitución de la iluminación, suministro de energía, como a la instalación de calderas en colegios y administraciones públicas".
En las dos etapas, tanto en el auge inmobiliario como en el energético después de la crisis, las operaciones fraudelentas estimadas por los investigadores puede superar los 500 millones de euros.
La red, con epicentro en Valdemoro, donde fue alcalde Granados, se extendió a 47 municipios de la Comunidad de Madrid, según las mismas fuentes. La investigación se centra de momento en esta población, además de en Parla, Torrejón de Velasco, Móstoles, Collado Villalba, Serranillos, y Casarrubuelos, pero también afecta en mayor o menor medida a Getafe, Alcalá de Henares, Aranjuez, Leganés, Majadahonda, Boadilla, Navalcarnero, Torrejón de Ardoz, Chinchón, Alcobendas, Alcorcón, Algete o Colmenar Viejo entre otros, además de a la Comunidad de Madrid. Casi todos gobernados por el Partido Popular.
En la Comunidad de Madrid, el número 2 del ejecutivo autonómico, Salvador Victoria, será citado a declarar como imputado después de las elecciones para responder por el supuesto cobro de mordidas a empresas adjudicatarias de la administración, como Indra, a quien le habría reclamado al menos 120.000 euros, según declaró el exdirector de la agencia de informática en la comunidad, José Martínez Nicolás.
Tal y como apuntaba este miércoles El País, el juez Eloy Velasco intenta bloquear un total de 11 millones de euros que Granados y Marjaliza habrían acumulado en Suiza. Siete de estos millones permanecerían en la Confederación Helvética, mientras que otros cuatro, transferidos a Singapur, habrían regresado a España según ha sabido la SER, ejecutando inversiones en arte, inmuebles, pago de cohechos y mediante distintas fórmulas para dar apariencia de legalidad a las transacciones.
