El juez da carpetazo al caso de la patrullera de la Guardia Civil que embistió a la patera de Lanzarote

Madrid

“No alcanzamos a comprender, si no es de la óptica del oportunismo político y mediático, como se puede sostener una postura acusatoria y de imputación de la tripulación de la patrullera Cabaleiro”, así arranca la argumentación del auto la que ha tenido acceso la SER y que está firmado por Rafael Lis Estévez, titular del juzgado de instrucción número 3 de Arrecife.

El juez decreta el “sobreseimiento libre y el archivo de las presentes diligencias “, es decir, considera que nunca apreció indicios de delito. Y es que sólo se suele hablar de sobreseimiento libre cuando se considera que en un sumario resulta evidente que o no se dio el hecho que en apariencia existente y delictivo, o que se ha desvanecido su apariencia delictiva. Es decir, decretar el sobreseimiento libre es cercano a una sentencia absolutoria sobre el fondo. No obstante, cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

En el auto de sobreseimiento con fecha 30 de septiembre, notificado a las partes el pasado miércoles 7 de octubre, y al que ha tenido acceso la Cadena SER, el juez dice que “a lo largo de este farragoso, y extraño, procedimiento se enfoca el problema desde la más pura de las teorías relativas a la navegación, pero absolutamente desconectada de la realidad que impone el mar. Se invocan reglamentos, “prevención de abordaje”, convenios con Servicio Marítimo de Rescate, protocolos de actuación etc. Y que se convierten en papel mojado ante las situaciones, que exceden cualquier normativa impuesta por el frio papel de la norma, cuando es el mar impone su orden y cuando alguien con una mínima experiencia en el mar es plenamente consciente que la Mar no se somete ni a regulaciones ni a protocolos, y las pautas de actuación vienen impuestas por ella” se afirma literalmente, cuestionando que los guardias tuvieran que haber cumplido con los protocolos de salvamento marítimo o de rescate que rigen la actuación de la Guardia Civil o Salvamento Marítimo en España y sobre los que la acusación popular había exigido una serie de pruebas.

“Es absolutamente improcedente que se criminalicen como en este caso se hace conductas de forma oportunista […]choca frontalmente con el sentido común y una mínima consideración de racionalidad”

El juez apunta al patrón de la patera “que soltó la caña” y a la avería de uno de los propulsores de la patrullera de la Guardia Civil como las únicas causas del choque que se acabó produciendo, “el impacto se produjo como consecuencia de la concurrencia de las dos circunstancias, el que la patera al quedarse sin gobierno interceptara el rumbo que llevaba la patrullera y que ésta por las dificultades técnicas descritas no hubiera podido evitar la colisión” sentencia.

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Además de introducir algunas interpretaciones técnicas sobre las consecuencias de estos dos hechos que condicionaron el choque, llama la atención una vez más las consideraciones del juez sobre la causa, que apunta a motivos políticos, “la única conclusión a la que se puede llegar, al margen de consideraciones políticas, - que son las que mantienen vivo este procedimiento, ninguna responsabilidad cabe imputar a quienes estaban al cargo del gobierno de la patrullera “Cabaleiro”, como se pretende derivar por las acusaciones sin tener en cuenta, como hubiera sido lo correcto, la concurrencia de la responsabilidad de quien gobernaba la patera para evitar la colisión” se dice literalmente en el auto de archivo.

Una causa general “contra la Guardia Civil “

“Las partes acusadoras, al contrario que el Ministerio Fiscal, pretenden hacer de este procedimiento una causa general contra el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuya dedicación, sacrificio y abnegación en estos servicios de rescate son incuestionables” llega a afirmar el titular del juzgado de instrucción número 3 de Arrecife censurando la actuación de las ONG que se han personado en defensa de la familia del fallecido, de las de los 6 desaparecidos y de los acusados de patronear la patera , que ya han sido condenados a 3 años por ello, en la otra causa que se abrió por este accidente.

Además, el magistrado Rafael Lis Estévez, considera que la petición de nuevas pruebas, que había demandado la acusación, es “innecesaria e inútil, desde el momento de la reiteración de la misma” y echa mano de la jurisprudencia al respecto derivada del Tribunal Supremo y del Constitucional.

La acusación popular recurre hoy ante la Audiencia Provincial de Las Palmas

“No procede archivo ni sobreseimiento por no haber concluido diligencias que el propio Juzgado y la Audiencia Provincial ya consideraron necesarias” señala el recurso de apelación, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, que formalizarán hoy ante la Audiencia de Las Palmas los letrados en representación de SOS Racismo , de los propios supervivientes, de los familiares del muerto y de los 6 desaparecidos que 3 años después del polémico choque siguen intentado que la justicia investigue lo sucedido.

Los abogados de la acusación popular solicitan además en el recurso de apelación que se declare el fallecimiento de los 6 desaparecidos: “D. Jihad Zouyga, D. Nouredine Sadiki, D. Redouane Boulal, D. Hasan Mohandis, D. Rachid Amidane y D. Abdelali Elhajrani”. La acusación considera imprescindible que se “requiriera nuevamente, bajo apercibimiento de desobediencia, a la Guardia Civil, destacamento de Fuerteventura a fin de que, remita la documentación que ya le fue solicitada por el Juzgado y no ha sido aún aportada” en referencia a material técnico del fabricante de la patrullera.

Exigen que se reclame ante la Comandancia de la Guardia Civil los datos de la travesía de la Cabaleiro del 13 de diciembre de 2012, el día de la tragedia y que “se tome declaración al Cabo Patrón que pilotaba la patrullera aquella madrugada en calidad de investigado y con asistencia letrada “, y es que consideran inaudito que el responsable de la patrullera aquella madrugada no haya sido llamado a declarar por el juez en ningún momento. “Su señoría parece tener espíritu de tertuliano o columnista más que de un jurista, este auto es una falta de respeto a las víctimas, si decide archivar porque no ve ilícito penal que lo haga pero hacer todos estos comentarios políticos o sobre una presunta causa general sobre la Guardia Civil carece de sentido” afirman fuentes de la acusación popular, indignadas con las expresiones que ha usado el magistrado en el auto de sobreseimiento del caso.

La acusación popular que aglutina a las ONG y a los afectados considera que “para investigar las responsabilidades en esta causa es necesario recabar la documentación de la patrullera que pueda ayudar a esclarecer los hechos investigados, documentación que fue solicitada al Destacamento en Fuerteventura de la Guardia Civil y que no ha sido aún aportada en los términos requeridos. Asimismo, a la luz de las diligencias ya desarrolladas, es necesario tomar declaración como investigado con asistencia letrada al Cabo Patrón que pilotaba la patrullera en el momento en que se produjo la colisión “detallan en el recurso.

La Guardia Civil en Fuerteventura no ha remitido aún la Documentación Técnica de la patrullera

A pesar de que el Juzgado ha solicitado “en repetidas ocasiones al Destacamento de Fuerteventura de la Guardia Civil que aporte dicha "Documentación Técnica". Por providencia de 28/03/2014, el Juzgado actuante libró oficio aclaratorio de otro de 10/06/2013”, los mandos del Instituto Armado siguen sin remitir la documentación requerida.

Además de que en un auto de 26 de abril de 2013, la Audiencia Provincial de Las Palmas “también entendía pertinente en este caso requerir informe a la Comisión Permanente para la Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos. Habiéndose negado dicha Comisión a elaborar tal informe” señala el recurso.

El patrón de la patrullera nunca ha sido llamado a declarar por el juez

“Esta parte ha rogado al Juzgado Instructor, en repetidas ocasiones, que tome declaración en calidad de imputado al Cabo Patrón, que pilotaba la patrullera en cuya colisión falleció una persona y desaparecieron otras seis” , se afirma en el recurso en el que recuerdan que fue en mayo de este año cuando volvieron a “rogar que se tomara declaración al Cabo Patrón en calidad de imputado, a fin de saber si existió o no conformidad a Derecho y responsabilidad penal en su forma de pilotar la patrullera o si fue una imprudencia en su modo de operar lo que resultó en homicidio” sostiene la acusación popular.

“Según señalaba el ya mencionado Auto de 26 de abril de 2013, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial (rollo 357/2013), antes de decidir sobre la imputación al Cabo Patrón, resultaba aconsejable visionar las grabaciones del SIVE y desarrollar otras diligencias estimadas en dicho Auto, "sin que, por lo expuesto, pueda descartarse en una fase tan temprana de la investigación, su posible imputación a la vista del resultado de las diligencias que se practiquen".

“Consta pues, en declaraciones e informes de Agentes de Guardia Civil que pese a que la patrullera no estaba en condiciones de seguridad, pese a que la tripulación de la Patrullera lo sabía y así lo transmitió al COS, pese a que el Cabo Patrón fue alertado por uno de sus subordinados de que en esas condiciones no podían hacer ningún tipo de rescate, la Patrullera siguió tratando de dar alcance a la patera con los riesgos que se habían señalado y que terminaron siendo fatales” sostienen en el recurso de apelación

“A sabiendas de los hechos antes señalados y que constan en las diligencias, resulta injustificado concluir como hace el Juzgado Instructor que esta acusación hubiera abierto ninguna causa general contra la Guardia Civil. Al contrario, queda demostrado que existen indicios que recomiendan investigar si el abordaje se produjo, entre otras causas, por múltiples incumplimientos de la normativa que regula la prevención de abordajes y de las que era responsable el Cabo Patrón, única persona sobre la que esta parte interesa investigación” se dice literalmente en el documento que presentarán hoy los letrados ante la Audiencia de Las Palmas.

Los letrados destacan además que el auto de sobreseimiento del juez “omite la existencia de seis desaparecidos”.