La justicia premia al socio de Granados por confesar en la trama Púnica

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha dejado en libertad bajo fianza de cien mil euros al empresario de la construcción David Marjaliza, socio y amigo de la infancia del exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid, Francisco Granados, porque ha colaborado "positivamente" con la investigación.

El juez acuerda esta medida, que cuenta con el visto bueno del fiscal, aunque el Ministerio Público solicitaba 250.000 euros de fianza.

Marjaliza y Granados eran los dos únicos imputados que permanecían en prisión desde octubre de 2014, pero el verano pasado el empresario decidió confesar al juez durante trece horas de declaración, cual fue su intervención en la trama de corrupción que afecta a decenas de municipios en la Comunidad de Madrid, por recalificaciones urbanísticas y contratos de todo tipo a cambio de comisiones.

El magistrado justifica su decisión en que el empresario ha aportado datos relevantes para esclarecer qué papel ha jugado cada empresario, alcalde o colaborador con la trama. Según el magistrado, con su confesión, las fuentes de información y de prueba se han asegurado con la practica de numerosas diligencias y se ha llevado a cabo una "vigorosa actividad de recuperación de activos y ganancias de origen delictivo, tanto en España como en Suiza", donde Marjaliza , junto con Granados, tenían cuentas bancarias con hasta once millones de euros (siete en Suiza y cuatro en Singapur), según la investigación.

Rebaja en la condena

Los beneficios para Marjaliza por su colaboración no sólo se traducen en la salida de la carcel si paga cien mil euros, sino que en el futuro juicio deberá tenerse en cuenta la aportación que ha hecho el acusado admitiendo los hechos y ayudando a recuperar el dinero, para una posible rebaja en la hipotética condena.

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El juez Velasco considera que esa misma colaboración positiva amortigua el riesgo de que pueda fugarse a la acción de la justicia, aunque le impone una serie de medidas cautelares para controlar sus movimientos como la obligación de realizar comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a su domicilio,la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.