Francia entra en un “estado de excepción permanente”
Lo denuncia el jurista “defensor del pueblo” ante los cambios legislativos previstos
El presidente, François Hollande, y el primer ministro, Manuel Valls. / PHILIPPE WOJAZER (Reuters)
París
“ La prolongación del estado de emergencia”, decida ayer por el Gobierno de Manuel Valls y “el proyecto de ley de procedimiento penal” provocarán que “Francia entre en un estado de excepción permanente”, denuncia el defensor de Derechos (equivalente a nuestro defensor del Pueblo), Jacques Toubon. Una alarma que coincide con la de Amnistía Internacional y Human Rights Watch que han pedido este jueves a los parlamentarios franceses que frenen esos cambios.
El ex ministro de Justicia apunta con el dedo al Ejecutivo y al presidente francés, François Hollande y advierte que “Francia entra en la era de la sospecha”. En una entrevista que publica esta tarde el diario Le Monde, Toubon señala que “peor todavía” que la renovación por tres meses más de la “ ley de emergencia” es el proyecto de procedimiento penal. Porque este “convierte la excepción en regla para un amplio número de infracciones. Las restricciones a las libertades no estarán limitadas al tiempo de la emergencia, sino hasta que “cese el peligro inminente” de atentado (que alega Valls) , es decir, “hasta las calendas griegas”, añade el magistrado.
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Toubon declara que “el Gobierno introduce un estado de emergencia resbaladizo, un régimen de excepción permanente”. En su opinión Francia no debería decidir “ una rebaja de nuestro estado de derecho sin abrir un gran debate. Los franceses van a dejar a sus hijos un estado de derecho inferior al que la República ha tardado 200 años en construir”.
Más que nunca cuando hay que luchar contra el terrorismo “hay que recordar la necesidad de mantener un equilibrio entre derechos y libertades y mantener la cohesión social”. Al defensor del pueblo, que ha recibido en 2015 casi 80.000 reclamaciones, un aumento del 8,3% en doce meses, le preocupa por ejemplo que con las cambios legislativos el ministro del Interior podrá mantener a una persona en “asignación de residencia” a partir de una suposición, ya sea la de que pudiera representar un peligro o de que fuera a viajar a un país determinado. “ No son medidas sin importancia. Afectan a la libertad de ir y venir, al derecho a la vida privada, a la correspondencia privada, a la libertad de trabajar o estudiar”. Al jurista le preocupa también el nuevo régimen de “legítima defensa”.
Amnistía Internacional pidió hoy a los parlamentarios franceses a no aprobar la prolongación del estado de emergencia porque “la medidas desproporcionadas y arbitrarias” que ellas provocan han “traumatizado” la vida de miles de persona
Desde el 13 de noviembre, fecha de los atentados de París, la policía ha realizado 3.242 registros sin mandato judicial y se han ordenado 400 asignaciones de residencia, que obligan a los afectados a presentarse varias veces en comisaría, impidiéndoles en muchos casos trabajar y por supuesto viajar. Sólo en media docena de casos esos procedimientos han llevado a la apertura de sumarios.
Según el informe presentado en base al seguimiento de 60 personas que han sufrido registros o asignaciones, “se han aplicado medidas muy duras con pocas o ninguna explicación, a veces mediante el uso de la fuerza”. Tanto AI como HRW denuncian que ha sido el colectivo musulmán el blanco de la mayoría de las acciones policiales, realizadas por la noche, en muchos casos delante de los hijos. “La mayor parte de las personas afectadas se sienten desprotegidas, marcadas para siempre en su vecindad, no tienen medios para querellarse y pierden definitivamente la confianza en las instituciones estatales como la policía y la justicia”, manifestó Geneviéve Garrigos, presidenta de AI en Francia .
