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La Púnica destapa tres métodos de financiación ilegal del PP de Aguirre

Esperanza Aguirre se marcha después de que la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, haya hallado serios indicios de financiación ilegal mediante el pago directo de contratistas con la administración, el abono de encuestas electorales a cambio de adjudicaciones, y la facturación irregular de actos de partido

Esperanza Aguirre y el que fuera secretario regional del partido, Francisco Granados, en una foto de archivo de 2009 / Chema Moya (EFE)

Madrid

Como sucedió con el caso Gürtel, la Operación Púnica ha rondado la figura política de Esperanza Aguirre y a su círculo más íntimo. Y como con la red de Correa, esta trama ha destapado la supuesta financiación ilegal del Partido Popular.

Aquí, por lo investigado hasta ahora, por medio de tres métodos diferenciados: El primero, el pago directo de cerca de dos millones en b por parte de contratistas con la administración de Aguirre, que provocó el pasado jueves el registro de la sede del PP y la confiscación de documentos y el contenido del ordenador de su gerente de siempre en el partido, Beltrán Gutiérrez Moliner. Una operación para la que ha resultado clave incautar la agenda del supuesto cabecilla de la organización criminal, Francisco Granados, y la interpretación de los datos del conseguidor David Marjaliza.

El segundo, constructoras y empresas de servicios que abonaron al PP encuestas electorales por más de 400.000 euros en municipios donde después obtenían adjudicaciones; y el tercero, al estilo Correa, el de la empresa Waiter Music, que facturaba actos de Aguirre y otros del PP madrileño a bajo coste a cambio de contratos de fiestas en los pueblos, según la instrucción judicial.

En la Púnica hay cerca de 200 imputados, entre ellos varios alcaldes y consejeros nombrados por Aguirre como Salvador Victoria o Lucía Figar, y quien fuera su secretario general en el partido, mano derecha, y número dos en el Gobierno regional, Francisco Granados: el único que permanece en prisión y que, según los investigadores, no solo se lucró con la red corrupta, sino que era el principal suministrador de dinero negro al Partido Popular de Aguirre en la zona sur de la comunidad.

 
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