Granados controlaba la venta de suelo en la Comunidad de Madrid por mordidas
Son adjudicaciones públicas por centenares de millones de euros desde 2004 en venta de suelo, adjudicación de vivienda protegida y obra civil, según la declaración de Marjaliza. Los investigadores sospechan que parte de las comisiones fueron a parar al Partido Popular de Madrid
Madrid
El sumario de la Púnica revela que Francisco Granados controló y exigió mordidas para la adjudicación de suelo público y la concesión de vivienda protegida y obra civil en toda la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2011.
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Son centenares de millones de euros en adjudicaciones y a cambio reclamaba a los empresarios el pago de una comisión, parte de la cual engrosaba las arcas de la caja B del Partido Popular en Madrid, según las sospechas de los investigadores.
Anticorrupción revela el control del mercado público del suelo por parte de Granados en un informe contenido en el sumario de la Púnica, a cuyo acceso ha tenido acceso la SER.
Un informe de la Fiscalía basado en la declaración del arrepentido socio y colíder del entramado, David Marjaliza, cuyo interrogatorio de más de 13 horas ante el juez, permanece aún bajo secreto de sumario.
La Fiscalía asevera que Francisco Granados “aprovechó sus continuados cargos públicos en la Comunidad de Madrid” para “situarse al frente de la sociedad pública Arpegio y para gestionar los fondos del Plan Regional de Inversiones y Servicios PRISMA”, permitiéndole con ello “controlar ventas de suelo de la Comunidad y la adjudicación de vivienda protegida y de obra civil, solicitando el pago de un peaje a los empresarios interesados” en las adjudicaciones para la consecución de las mismas.
Granados controló desde 2004 la fundación Arpegio, que ha dedicado centenares de millones de euros desde su inicio tanto a la creación de suelo residencial y vivienda protegida, como a la promoción de polígonos industriales.
Según la declaración de Marjaliza recogida en el informe fiscal, esas adjudicaciones tenían lugar a cambio de mordidas. Los investigadores, que solo han encontrado una mínima parte del dinero supuestamente malversado entre los investigados, sospechan que un porcentaje de esas comisiones ilegales abonadas por empresarios a cambio de las adjudicaciones concedidas por Granados, iban a parar al Partido Popular de Madrid.