La Audiencia Nacional propone juzgar a los exdirectores de la CAM por la estafa de las preferentes
La juez Carmen Lamela considera que los exdirectores generales de la caja alicantina deben ser juzgados por estafa y un delito relativo al mercado y los consumidores por las irregularidades en la venta de participaciones preferentes y deuda subordinada a un total de 27.889 clientes que invirtieron 211.852.000 euros
Oficina de la Caja de Ahorros del Mediterráneo / EFE
Madrid
La titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a los exdirectores generales de la CAM, Roberto López Abad y Dolores Amorós, a quienes considera los responsables de la estafa en la venta de preferentes y deuda subordinada de la caja alicantina.
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La juez Carmen Lamela también atribuye la responsabilidad civil subsidiaria a la Fundación de la Comunidad valenciana Obra Social de Caja Mediterráneo y al Banco Sabadell.
La magistrada detalla que los 27.889 clientes que decidieron comprar preferentes en la CAM durante los años 2001, 2002 y sobre todo en 2009, fueron engañados. El producto fue vendido como sencillo cuando era muy complejo y se ocultó el riesgo a los estafados. Incluso se llegó a amañar el preceptivo test de idoneidad a los clientes para que cayeran en la trampa.
La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores detectó en 2012 "irregularidades" en la comercialización de estos productos financieros tóxicos, y reconocía "deficiencias relevantes" en la información mostrada al cliente.
La juez da ahora un plazo de diez días a la Fiscalía y al resto de partes para que presenten sus escritos de acusación o sobreseimiento.
Carmen Lamela acusa a los directores generales pero archiva la causa respecto a los directivos Juan Luis Sabater, Francisco Martínez y Vicente Soriano, y también sobresee el procedimiento abierto por la comercialización de las cuotas participativas en la misma caja.
