El Banco de España confirma el saqueo de la CAM

Un informe del Banco de España remitido al juzgado que investiga la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, al que ha tenido acceso la Cadena SER, confirma que exdirectivos de la entidad cobraban de forma irregular dietas que multiplicaban hasta por 30 el máximo permitido por la caja.

En poco más de dos años, el presidente, Modesto Crespo, se embolsó 640.000 euros por este concepto sin informar a la asamblea general, cuando debió percibir 20.645. Crespo fue nombrado a propuesta del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps.

Además, el informe también detalla cómo Juan Ramón Avilés, el presidente de la comisión de control -organismo que debía velar porque no se produjeran irregularidades-, supuestamente estafó al gobierno y ejecutivo murciano para cobrar de forma irregular créditos ICO e ICREF con el beneplácito del consejo de administración, y cómo utilizó a su hermana como testaferro para escapar al control del Banco de España.

En concreto, el informe del Banco de España revela que los exdirectivos de la CAM incumplieron su obligación de informar a la asamblea general sobre sus retribuciones y dietas. La Asamblea General de la caja solo sabía que el expresidente del Consejo de Administración, Modesto Crespo, había percibido 20.645 euros durante los años 2009, 2010 y hasta que fue destituido a mediados de 2011. Sin embargo, a través de las sociedades participadas por la entidad, cobró en el mismo periodo un total de 640.000 euros.

Por lo que respecta al presidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, la Asamblea General había aprobado que percibiese en esos años un total de 14.996 euros. Sin embargo se embolsó 308.000 a pesar de que, según figura en el informe, Avilés pidió que constase en acta que aceptaba su cargo "con carácter totalmente gratuito" y subrayó que si se acordaba "algún tipo de dieta él no la percibirá en ningún caso".

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El documento del Banco de España detalla que la gestión de Avilés estaba tan plagada de irregularidades que ya desde 2009 debió "dimitir o ser destituido" en cumplimiento de la normativa sobre órganos rectores de las cajas de ahorros.

Además, Juan Ramón Avilés actuó con el visto bueno del Consejo de Administración de la CAM. El entonces presidente de la Comisión de Control gozó de "mayores disposiciones de crédito que las contractualmente establecidas". Le fueron "liberadas las garantías" para poder usar los inmuebles liberados "como dación en pago de deudas" que mantenía con terceros; usó préstamos ICO e ICREF "para finalidades distintas a las fijadas" en el convenio, a empresas diferentes para las que habían sido solicitados, para "garantizar pagos futuros de préstamos concedidos" o incluso para la adquisición de "participaciones preferentes" de la CAM consiguiendo un beneficio sustancial (del 5.75%). Unas preferentes de las que se deshizo justo "antes de que aflorara de forma pública la delicada situación de la caja" con la intervención de la propia CAM, que fue la que se encargó de vender las preferentes de Avilés "a otros clientes sin quebranto alguno para él".

El informe censura el "trato de favor" obtenido por Juan Ramón Avilés por parte de la CAM, las "facilidades extraordinarias" que le fueron concedidas, en una actuación "paradigmática de la mala práctica bancaria". Según el informe, la CAM incluso ocultó y falseó datos al Banco de España para que el presidente de la Comisión de Control escapara al control del organismo regulador. El informe del Banco de España dice que "en la inspección de 2008-2010 no se efectuó el análisis del grupo de sociedades del señor Avilés, al no estar incluidas en la selección de acreditados a revisar". El Banco de España añade que "una de las razones de no haber sido seleccionada fue el mantenimiento al corriente de pagos de forma artificial" por parte de la CAM, que le concedía préstamos para poder pagar los intereses de otros y que no figurase como cliente "dudoso".

Una hermana testaferro

Otra actuación que critica el informe es la utilización de su hermana, Josefa Avilés, como testaferro en una "sociedad problemática", La Vereda de Sucina, para que el Banco de España "no tuviera conocimiento de su vinculación con la misma" y al analizar las operaciones "no le obligaran a renunciar a su cargo en la caja y con ello perder su privilegiada situación para negociar una solución favorable para sus intereses".

El Banco de España cuenta que fue "la cónyuge del señor Avilés" la que "aporta los fondos para que la hermana de éste le pague la compra de las participaciones en sus sociedades". "Nótese además", dice el informe, "que los fondos proceden del préstamo ICREF" que por supuesto no fue concedido para tal fin.

Avilés, empresario del sector inmobiliario, promotor de campos de golf y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Murcia, fue nombrado presidente de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en 2007 a propuesta del presidente de la Comunidad murciana, Ramón Luis Valcárcel. Continuó en el cargo hasta la intervención de la caja en 2011. Según el Banco de España, ha provocado un quebranto a la entidad de 5 millones de euros.

El titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Javier Gómez Bermúdez, ha imputado a Juan Ramón Avilés los supuestos delitos de apropiación indebida y administración desleal.