El juez de Valencia pide al Supremo que impute a Rita Barberá por blanqueo
El juez que investiga el 'caso Taula' remite la exposición razonada al Supremo para que impute a la senadora del PP y exalcaldesa de Valencia por la financiación ilegal del partido en la ciudad
El juez del caso Taula pide que el TS investigue a Barberá por un presunto delito de blanqueo de capitales / VÍDEO: ATLAS
Madrid
El titular del juzgado de instrucción 18 de Valencia, Víctor Gómez, ha remitido este jueves la exposición razonada al Tribunal Supremo para que este tribunal asuma la investigación contra la senadora del PP y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por blanqueo.
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El juez considera que hay indicios fundados para que el Supremo la impute por la supuesta financiación ilegal del PP en la ciudad de Valencia. Es la conocida como operación de pitufeo, por la que están imputados casi todos sus concejales, que habrían blanqueado 50.000 euros de la caja B local mediante la aportación de un falso donativo de 1.000 euros que era devuelto con dos billetes de 500. A ello se suma la declaración de su mano derecha en el ayuntamiento, María del Carmen García Fuster, quien aseguró que había recibido más de 240.000 euros de un recaudador al que no quiso identificar.
El magistrado entiende que habiendo reconocido la alcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que hay 47 personas imputadas, entre ellos su antiguo equipo de gobierno local, sería "incoherente" no elevar una exposición razonada al Supremo, que es el único competente para investigar y en su caso juzgar a la parlamentaria nacional.
El juez apunta que a pesar de que ninguno de los imputados que han reconocido la devolución del dinero negro ha atribuido participación alguna de Barberá en los hechos, existen "sospechas sobre las finanzas del PP" y la senadora tenía una estrecha relación con la "principal investigada" María del Carmen García Fuster, que gestionaba las cuentas bancarias.
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Barberá, apunta el juez, era "su superiora jerárquica" como alcaldesa y máxima responsable del PP local. Había además una "relación personal de estrecha confianza" entre ambas, y García Fuster "se negó a desvelar" en su declaración judicial el origen de varios ingresos en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a los 200.000 euros, "así como la identidad de la persona que le entregaba el dinero". Un silencio que el juez considera "significativo".
Explicaciones insuficientes
Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá la posibilidad de declarar. La senadora presentó un escrito de alegaciones en el que reconoció la aportación de los 1.000 euros para las elecciones de 2015 y negó el reintegro del mismo. Estas explicaciones, según el instructor, son "insuficientes para excluir su posible implicación" en los hechos investigados.
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