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Ricardo Costa apunta a Génova en la financiación del PP y pide que Rajoy declare en el juicio

El exsecretario general del PP valenciano acusado de financiar en negro tres campañas electorales elude toda responsabilidad y afirma que las cuentas dependían y eran gestionadas por la dirección nacional del partido. Además de la declaración como testigo de Rajoy, también reclama que declaren en el juicio María Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas

Mariano Rajoy, en una fotografía de archivo. /

El exsecretario general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana Ricardo Costa, a quien la Fiscalía Anticorrupción pide siete años y nueve meses de cárcel por falsedad en documento y por financiar con "al menos" 3.461.984,16 euros en negro tres campañas electorales en 2007 y 2008 junto a otros dirigentes de este partido nombrados por Francisco Camps, niega toda responsabilidad, apunta a la dirección nacional del PP y pide el archivo de su causa en el escrito de defensa que ha presentado ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso la Cadena SER.

Anticorrupción sostiene que la cúpula en el PP y la Generalitat nombrada por CampsRicardo Costa y el vicepresidente primero del Gobierno valenciano Vicente Rambla—, "encargó" a la marca valenciana de la Gürtel, Orange Market, los actos del PP que se pagaron con los 3,4 millones en negro. Entre ellos, varios de Rajoy.

Parte del dinero negro fue abonado directamente por la formación conservadora y el resto, por contratistas con la Generalitat Valenciana, que camuflaban la financiación de los actos del PP con el pago a Orange Market por servicios no prestados.

Sin embargo, Costa sostiene en su escrito que en los tres comicios bajo sospecha en Valencia (las municipales y las autonómicas de 2007 y las elecciones generales de 2008) carecía de "responsabilidad en la gestión económica y administrativa de las mismas". Por el contrario, el exsecretario general del PP valenciano afirma que la financiación siempre fue "competencia del PP nacional", que incluso nombraba al responsable de las cuentas, el gerente regional valenciano, quien solo dependía "del secretario general nacional". En las elecciones de 2007 ese cargo fue ocupado por Ángel Acebes, y en las de 2008 lo seguía ostentando. Unos meses después le sucedió en el cargo María Dolores de Cospedal, cuyo entorno recuerda que los hechos investigados corresponden a una etapa en la que no tenía ningún tipo de responsabilidad en el partido.

Costa defiende que el PP tenía "una estructura única en todo el Estado"

Costa insiste en su escrito en que el PP tenía "una estructura única para todo el Estado", y un informe de la ONIF de la Agencia Tributaria que forma parte del sumario del caso Gürtel abunda en la tesis de que las distintas federaciones territoriales del PP no eran independientes y alguien por encima decidía compensar los agujeros de cada caja regional con los remanentes del resto. En este sentido, la ONIF sostiene que las federaciones del PP de Cataluña, Madrid y Castilla León, asumieron los 80.453,08 euros de gastos en negro que correspondían al XVII congreso del PP de la Comunitat Valenciana, que escogió a Francisco Camps como presidente en 2004.

No obstante, las pruebas documentales y las conversaciones telefónicas con Álvaro Pérez El Bigotes comprometen a Ricardo Costa, así como la confesión de tres de los empresarios acusados, Enrique Ortiz, José Francisco Beviá y Alejandro Pons, quienes han admitido a la Fiscalía que financiaron de forma ilegal al PP valenciano para rebajar su posible condena.

Rajoy y Cospedal como testigos y tres requerimientos al PP

Ricardo Costa pide en su escrito el interrogatorio de 32 testigos en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano. El primero que reclama es el actual presidente, Mariano Rajoy; y también María Dolores de Cospedal; el extesorero Luis Bárcenas; el exgerente nacional, Cristóbal Páez; la actual tesorera, Carmen Navarro; y otros antiguos cargos del PP valenciano como Serafín Castellano, Víctor Campos o Fernando de Rosa.

También solicita al tribunal que requiera al PP nacional para que acredite qué subvenciones repartió para las elecciones de 2007 y 2008; que especifique quién nombra a los gerentes territoriales, explicite sus funciones y determine su dependencia laboral y salarial; y, por último, que defina qué son gastos ordinarios y electorales en el Partido Popular y si entre los gastos ordinarios pueden ser incluidos aquellos correspondientes a los actos que no son de campaña.

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