Archivada la causa contra María José García-Pelayo

Madrid

El Tribunal Supremo ha dado carpetazo a la investigación contra la exalcaldesa de Jerez y diputada del PP María José García-Pelayo a quien se investigaba por la concesión a la trama Gürtel de un stand en la exposición gaditana de la feria Fitur de 2004. El alto tribunal considera que la adjudicación fue arbitraria pero que la alcaldesa no lo hizo de forma intencionada.

El instructor del Tribunal Supremo no cuestiona la posible relevancia penal de los hechos investigados, ante el cúmulo de indicios que apuntan que la asignación de esos contratos se hizo de forma voluntarista. Fue una decisión arbitraria adoptada “al margen de todo procedimiento legal, beneficiando a unas empresas concretas– tres- que resultaron adjudicatarias en virtud de una decisión tomada, sin respeto a los procedimientos y garantías administrativas”, porque la concesión del stand de Fitur fue anterior a los propios expedientes, que se tramitaron después de la celebración de la Feria de Turismo.

El auto califica de “creíble” el testimonio de la investigada sobre su desconocimiento de “toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles, resultan no sólo muy verosímiles sino además sugestivas de acomodarse a lo más probable”.

El juez analiza, después de exponer los hechos presuntamente delictivos, si existen indicios racionales y consistentes contra la entonces alcaldesa para concluir que no se le puede atribuir una conducta dolosa (intencionada). El magistrado descarta que lo hiciera a sabiendas de su arbitrariedad.

El delito de prevaricación exige, según otras sentencias del Tribunal Supremo, algo más que la pura constatación de la firma en una resolución objetivamente arbitraria e injusta. El juez considera obvio que en determinados ámbitos tanto administrativos como empresariales se ha de operar con un principio de confianza en la labor de los escalones previos al ámbito estrictamente decisional, por lo que no es exigible que el alcalde de un ayuntamiento como el de Jerez, contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones o acuerdos que firma.