Los fiscales no podrán cumplir los plazos de revisión de las causas judiciales

Madrid

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) advierte a la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, que no podrán revisar todas las causas judiciales pendientes antes del 6 de junio, cerca de medio millón, y critican la falta de colaboración de los Secretarios Judiciales así como la carencia de la herramienta informática precisa para el cumplimiento de la Ley de Plazos.

La asociación progresista ha enviado sus reflexiones al consejo asesor de la Fiscalía General para que se incluyan en el debate del próximo miércoles, en el que desvelan que "no están en condiciones de cumplir la revisión de todas las causas judiciales abiertas en España" como exigía la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (art324) de 2015 aprobada por el Congreso por mayoría absoluta del Partido Popular.

La reforma de la ley dejaba en manos de los fiscales poder evitar el archivo automático de cientos de miles de causas penales que tendrán que ser cerradas si el fiscal no solicita expresamente al juez que sean declaradas complejas, lo que permite una prórroga de 18 meses.

Las Fiscalías de toda España se pusieron a trabajar a contrarreloj para evaluar las causas que había pendientes y cuáles deberían continuar abiertas, pero el plazo se les ha echado encima y desde la Asociación se reconoce que " no será posible revisar todos los procedimientos en trámite y, por tanto, asegurar un control efectivo de todas y cada una de las causas, por lo que inevitablemente habrá que afrontar en cada uno de estos casos las consecuencias procesales que procedan".

A finales de Abril se habían revisado 103.188 causas, lo que supone el 19,13% de los 539.543 sumarios que tenían que examinar. Todavía faltan por revisar 436.355 expedientes.

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Secretarios poco colaboradores

En el comunicado de la UPF al Consejo Fiscal se desvelan algunos de los problemas que han surgido para la revisión de los sumarios y destaca la "nula colaboración" de los secretarios judiciales a los que han tenido que acudir en ocasiones " mendigando que los funcionarios de las oficinas judiciales nos faciliten sus expedientes para poder llevar a cabo el control exigido".

Según la UPF, desde la oficina judicial " se nos contempla como una “parte” ajena al funcionamiento de la administración de justicia y no se nos hace partícipes -pero sí responsables- de la tramitación y control de los procedimientos. Así, solo la cercanía y relación personal y, por supuesto, la profesionalidad de muchos letrados suavizan los rigores de la aplicación de la ley"

Herramienta informática ineficaz

La asociación califica como " fracaso" la aplicación informativa Fortuny creada como un sistema de registro que ha resultado poco fiable para poder conocer la realidad del número de expedientes afectados" y denuncia que "carecemos de instrumento o guía alguna para controlar las causas “vivas” porque en cada fiscalía se sigue un sistema diferente, todos ellos manuales, sistemas de almacenamiento de carpetillas y acumulación de fotocopias -contrarios, por tanto, a la pretendida modernidad de la justicia que el actual Ministerio “vende” a la ciudadanía.

La asociación reconoce públicamente el trabajo y voluntarioso esfuerzo desarrollado por los fiscales a lo largo de estos últimos meses pero advierten que no se llegara a tiempo a la meta. "Las mejoras llegan tarde y se están ensayando en tiempo real, cuando las consecuencias de la aplicación de la ley se podrán visualizar en poco tiempo".