El Ecofin cuestiona el procedimiento para suspender las sanciones a España
La presidencia de turno de la UE pide un informe jurídico a los servicios del Consejo Europeo
Bruselas
Dijsselbloem lo ha dicho en la rueda de prensa: “Tenemos algún problema en cómo se usa el Pacto de Estabilidad”. Un problema de “credibilidad” que afecta a la ley básica de la Unión Monetaria.
La Comisión decidió dejar en suspenso su aplicación argumentando que quería evitar interferir en el debate electoral de España y dijo que lo hacía avalando sus pasos en un informe jurídico de sus propios servicios. Ahora, los gobiernos quieren tener el suyo propio.
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Fuentes del Consejo Europeo han confirmado a la Cadena SER que la demanda oficial al servicio jurídico ha sido realizada tras la información que este miércoles por la mañana -y a puerta cerrada- ha facilitado la Comisión a los Ministros de Economía. Reunión a la que no ha asistido el ministro de Guindos porque un problema familiar le obligó ayer a regresar a España.
La petición resume el malestar, entre los gobiernos más austeros, por la decisión de paralizar la aplicación del Pacto que obligaba a abrir la vía a las sanciones aunque la Comisión podía perdonarlas o fijar una cifra simbólica como penalización contra España. Pero la “suspensión” de facto de todo el procedimiento, un tema que el equipo de Juncker ha presentado siempre como una cuestión técnica, disgusta a quienes temen que sea el precedente para matar el Pacto de Estabilidad.
Por esto, y aunque ningún ministro ha criticado en público la situación de España, reclaman en completo silencio y sin anuncio público un informe jurídico confirma las discrepancias con Jean Claude Juncker.
Discrepancias que si son avaladas por los juristas del Consejo Europeo podrían terminar enturbiando la campaña porque el Eurogrupo ha previsto la primera discusión sobre las “recomendaciones” de la Comisión Europea en su reunión de junio.