El ministro de Justicia de Turquía, Bekir Bozdag, ha informado este domingo de que ya son más de 6.000 los detenidos por su supuesta relación con el golpe de Estado fallido que tenía lugar en Turquía de la madrugada del viernes al sábado, según declaraciones recogidas por la cadena turca NTV Haber. La ola de detenciones se ha intensificado y en las últimas horas ya han sido arrestados decenas de generales, jueces y fiscales. Bozdag ha asegurado que «el proceso judicial va a continuar» y ha avisado también de que el número de detenciones seguirá aumentando a lo largo de los días. Según la agencia de noticias Anadolu, fueron detenidos 52 militares en la base de Denizli, incluyendo un general, mientras que en la base de la OTAN de Incirlik fue detenida una docena de soldados, incluyendo otro general. Por su parte, ocho generales de la Fuerza Área, que estaban supuestamente en una lista para ser comandantes regionales en el caso de un golpe exitoso, fueron detenidos anoche en el aeropuerto de Sabiha Gokcen, en la parte asiática de Estambul. Desde allí fueron trasladados al departamento antiterrorista de la policía de Estambul para ser interrogados. Según la emisora de noticias NTV, en total han sido detenidos ya 34 generales del Ejército turco, todos sospechosos de estar involucrados en el golpe. Entre los detenidos hasta ahora destacan los responsables máximos del segundo y tercer ejército, respectivamente, Erdal Öztürk y Adem Huduti. Otro de los arrestados es Akin Öztürk, excomandante de la fuerza aérea, que iba a ser supuestamente el nuevo jefe del Estado Mayor en caso de prosperar el golpe, asegura la prensa. El propio Öztürk ha negado en los primeros interrogatorios cualquier implicación en el golpe, informa la cadena CNNTürk. Los otros militares detenidos, en total casi 3.000 hasta el momento, empezaron a ser interrogados este domingo por la policía. Varios soldados rasos, que estaban haciendo el servicio militar obligatorio en el momento del golpe, aseguraron que no sabían nada de un levantamiento militar. Indicaron que fueron llamados a salir de los cuarteles en lo que pensaban iba a ser un ejercicio militar. Por otra parte, la agencia de noticias privada Dogan informa de que en el centro y sur del país fueron detenidos hoy un total 136 jueces y fiscales. Ayer ya se anunció el despido de unos 2.700 magistrados del estimado total de 15.000 que hay en Turquía. La fiscalía de Ankara, que dirige las investigaciones, los acusa de estar relacionados con la red del predicador conservador Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos y al que el Gobierno culpa de estar detrás del golpe. El propio Gülen ha rechazado categóricamente ser responsable de la intentona golpista y ha insinuado que ésta podría haber sido organizada por el propio presidente del país, Recep Tayyip Erdogan. Éste exigió anoche de Estados Unidos la detención y extradición de Gülen a Turquía. Algunos representantes europeos como el ministro alemán de justicia, Heiko Maas, ven esta purga como una «venganza arbitraria» del gobierno turco. «La venganza y la arbitrariedad no contribuirán a la pacificación. La protección de los derechos de un acusado es uno de los fundamentos de un Estado de Derecho», apunta Maas, del Partido Socialdemócrata (SPD), en su cuenta en twitter. Sin embargo, la opinión general es de un fortalecimiento del gobierno de Erdogan que obtuvo una gran respuesta del pueblo turco haciendo caso de su llamamiento y saliendo a la calle para defender a su presidente. A esto hay que sumarle el apoyo de todos los partidos políticos turcos los cuales han condenado, unanimemente, el ataque. Hoy mismo el presidente ha calificado como «un regalo de dios» el fallido golpe de Estado. Y durante la rueda de prensa ha destacado que esto le ha permitido «extender la purga gülenista al Ejército». «Este levantamiento, este movimiento, es un gran regalo de Dios para nosotros. Porque el ejército será limpiado», ha asegurado el mismo jefe de Estado. En este misma comparecencia ha señalado que los culpables «tendrán que pagar un precio muy caro por esta traición». Y es que ayer mismo Erdogan anunció la posibilidad de reintroducir la pena de muerte, algo que ha confirmado su primer ministro, Binali Yildirim, de una forma un poco más explícita. La constitución turca, hoy por hoy, no lo permite, pero el primer ministro asegura que se podrían hacer los «cambios necesarios para prevenir lo que ha pasado». «No podemos ignorar esta demanda del pueblo», sentencia Erdogan.