Tribunales
LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

La juez procesa al PP por destruir los ordenadores de Luis Bárcenas para tapar su caja b

La juez Rosa María Freire acusa a la formación política de delitos de daños informáticos y encubrimiento por el "borrado más drástico" hasta la "destrucción física" de los ordenadores del extesorero, con el objetivo de "impedir que datos importantes" de la contabilidad paralela, formasen parte de la investigación sobre la caja b del PP

Fachada de la sede del Partido Popular en la calle Genova durante los registros del pasado 11 de febrero / Fernando Alvarado EFE

Madrid

La titular del juzgado número 32 de Madrid Rosa María Freire ha propuesto juzgar al Partido Popular, así como a la tesorera, Carmen Navarro, al abogado Alberto Durán y al informático José Manuel Moreno, por borrar los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, que supuestamente contenían información sensible sobre la contabilidad b de esta formación política.

La juez atribuye a los imputados los delitos de daños informáticos y encubrimiento. La magistrada, que adopta esta decisión en contra de la Fiscalía, que proponía el sobreseimiento de la causa, concluye que la información contenida en los ordenadores "fue destruida a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, la sobrescritura" hasta un total de "35 veces y el rayado hasta su destrucción física".

La juez acusa al PP de no haber impedido la comisión del delito, que fue ejecutado como personas físicas por la tesorera, Carmen Navarro; el abogado Alberto Durán; y el informático José Manuel Moreno, quienes con su acción pretendieron "impedir que datos importantes relativos a la contabilidad paralela y otros extremos que Bárcenas podía considerar relevantes, formasen parte de la investigación" sobre la caja b del PP.

La juez resta crédito a las versiones del Partido Popular y de sus representantes procesados en esta causa y considera verosímil la versión de Bárcenas al aseverar que su relato es "coherente, firme e incluso meticuloso".

Los acusados tienen 10 días de plazo para recurrir la decisión de la magistrada.

 
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