Las reformas en Justicia : Papel mojado sin mayoría parlamentaria
Algunas de las propuestas que incluye el pacto en materia de Justicia no pueden salir adelante porque necesitan ser aprobadas mediante una Ley Orgánica que exige una mayoría en el Parlamento. Entre otras, las incompatibilidades de los miembros del Tribunal Constitucional y el nombramiento de los vocales del Poder Judicial.
Madrid
Incompatibilidades del TC
Todavía está por definir pero en el capítulo de las nuevas incompatibilidades, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán más restringido el acceso al alto tribunal de lo que se les prohíbe y es compatible hoy día.
Si ya estuviera en marcha esta medida, de la que NO conocemos la letra pequeña, el actual presidente Francisco Perez de los Cobos podría no dirigir el alto tribunal por haber sido militante al PP entre los años 2008 y 2011.
También se podría verse afectado el magistrado del TC Andrés Ollero, que fue diputado del Partido Popular durante 17 años.
Sin embargo, ni el Tribunal de Garantías, ni sus magistrados forman parte del Poder Judicial por lo que las incompatibilidades de sus miembros se regulan por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la propia Constitución y no por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En consecuencia, habría que modificar ambas leyes orgánicas y se necesita la mayoría del Congreso.
CGPJ y FGE
La modificación del nombramiento del Poder Judicial no es una novedad de este pacto sino que ya fue apuntada por el ministro Gallardón en Junio de 2013 cosechando una rotunda oposición de las asociaciones y del arco parlamentario, aunque la mayoría absoluta del Partido Popular permitió su aplicación.
Para que los nuevos cambios tengan efecto, se tiene que aprobar mediante una Ley Orgánica y por tanto, una mayoría del parlamento que dé el visto bueno, cosa por ahora improbable.
Se trata de no perder el control del órgano de gobierno de los jueces y, según varios juristas, el control va a seguir siendo el mismo, de orientación conservadora, no solo por ser una característica consolidada en la carrera judicial sino además porque, el partido Popular seguiría aportando el mayor número de vocales: SUMEN : los cuatro del Senado, más los dos del Congreso y los que sean candidatos por la asociación profesional de la Magistratura, de carácter conservador y donde militan la mayoría de los jueces asociados
El control de la actuación del FGE también necesita una modificación del estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Una votación inviable sin mayoría en el Congreso.
Investigados imputados
Apartar a los diputados imputados por delitos que demuestren que han metido la mano en la caja va a ser un quebradero de cabeza inmediato para el Partido de Rajoy.
Para empezar la senadora Rita Barbera va a ser imputada por el Tribunal Supremo en los próximos días, si los jueces hacen caso a la petición del fiscal por un delito de blanqueo de capitales y financiación irregular del partido. En esa lista, permanecen imputados nueve de los 10 concejales 'populares' en Valencia.
El caso del diputado del PP Óscar Clavell, procesado por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales, será otra china en el zapato, de Rajoy.
Otro caso al que afectara el pacto es el del actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y a la senadora del PP por esa región, Pilar Barreiro, a quienes la justicia investiga en la trama de la operación Púnica.
El listado no termina con estos nombres porque son decenas de los imputados que se librarían de ser repudiados por los suyos , si es que no se han metido el dineros en el bolsillo. Pero también hay decenas que si lo han hecho, presuntamente, y contra ellos, según el pacto, no habrá segunda oportunidad.
Novedades en justicia
Nuevo CGPJ
El pacto recoge la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para ello se cambiara la forma del nombramiento de los 20 vocales. Ahora son elegidos por el Congreso y Senado. El nuevo modelo autoriza a que 12 de los vocales sean elegidos por los propios jueces y magistrados y los otros 8 elegidos por el Parlamento y Congreso. Para esta modificación se necesita una Ley Orgánica aprobada por mayoría parlamentaria.
Control al fiscal
El pacto menciona la posibilidad ya existente de reprobación del Fiscal General del Estado que podrá ser cesado por el parlamento sin finalizar su mandato. Para ello se propone "reformar el estatuto orgánico del ministerio fiscal para que se exijan 20 años de ejercicio profesional y capacidad de independencia para poder acceder al cargo. Igualmente se regulará el mecanismo de reprobación por el Congreso de los Diputados y su posterior cese"
Lucha contra la corrupción
El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial abierto. También se comprometen a que las personas que se encuentran en dicha situación no puedan ser incorporados en las candidaturas electorales ni ser nombrados para desempeñar cargos públicos.
Eliminación de aforamientos
El pacto propone la eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos y anuncia que no se concederán indultos a personas condenadas por delitos de corrupción, financiación ilegal de partidos, violencia de género o delitos de terrorismo.
El proyecto quiere incorporar en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito una vez que se tengan todas las garantías sobre su constitucionalidad.
También quieren ampliar y aprobar una ley de protección de los denunciantes de corrupción con el fin de reconocer y proteger a quienes arriesgan su carrera profesional en la defensa del interés general.
Los firmantes se comprometen también a valorar la limitación de las puertas giratorias entre la política y la carrera judicial con plazos estrictos de moratoria para el regreso a la carrera judicial.
Blanqueo de capitales
El pacto pretende reforzar el servicio de prevención de blanqueo de capitales y endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o en el fraude de sus clientes.
Además, se revisará la lista de paraísos fiscales volviendo a incluir aquellos estados que no cooperen de forma efectiva con Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Se exigirá que las sociedades con sedes en paraísos fiscales que pretendan operar en España sean transparentes y revelen quiénes son sus propietarios.
Más presupuesto para Justicia
Los firmantes proponen mejorar la especialización de determinados juzgados en los delitos económicos, los delitos de corrupción y los delitos informáticos y ampliar la dotación de medios dedicados a la lucha contra delincuencia organizada. También se incluye potenciar la oficina de recuperación y gestión de activos y ampliar el decomiso en los delitos de corrupción que impliquen el enriquecimiento para el afectado.
Para ello, el acuerdo contempla incrementar los medios humanos y materiales de la Justicia para favorecer una distribución eficaz y eficiente de las cargas de trabajo y agilizar la implantación de la oficina judicial y de la oficina fiscal. Además, agilizar e impulsar la modernización de la justicia promoviendo la implantación y formación en herramientas digitales con un sistema de gestión procesal común y modernizar nuestras leyes procesales incluyendo nuevos procedimientos electrónicos.
Revisar leyes
El acuerdo anuncia una revisión y seguimiento de los efectos de la limitación de los plazos de instrucción de la última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Potenciar el arbitraje y la mediación. Reformar la ley de tasas judiciales adaptándola a la nueva sentencia del Tribunal Constitucional y priorizar la atención a las víctimas.
Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...