Francisco Camps controlaba el amaño de las adjudicaciones en colegios y el reparto de comisiones
Un informe de la UCO de la Guardia Civil apunta a que el dinero obtenido de forma ilícita servía para "financiar" en negro al PP y para el "enriquecimiento" de sus dirigentes
La UCO también revela la operativa fraudulenta del PP valenciano con la construcción de centros educativos, que dejó un agujero de más de 1.000 millones en las arcas públicas
Según los agentes, Francisco Camps ordenó a su vicepresidente Gerardo Camps el control de las adjudicaciones fraudulentas y el reparto de mordidas. También intervinieron los exconsejeros Víctor Campos, Alejandro Font de Mora o Alfonso Rus
No había "adjudicación sin comisión", según el arrepentido Marcos Benavent
El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps / EFE
Madrid
El sumario de la operación Taula cuyo secreto fue levantado este jueves no solo apunta, tal y como avanzó la Cadena SER, que Francisco Camps actuó supuestamente como recaudador y nexo con la caja b nacional del Partido Popular, y la existencia de cinco cajas negras del partido en la Comunitat valenciana.
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También revela el papel capital del expresidente Francisco Camps en las operaciones bajo sospecha y en especial en el saqueo de la empresa pública CIEGSA, encargada de la construcción de colegios en el territorio valenciano, sobre todo entre 2004 y 2007.
Según el informe de la Benemérita, que basa sus conclusiones en la confesión del arrepentido Marcos Benavent; en las grabaciones practicadas por éste al consejero delegado de CIEGSA y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Máximo Caturla o al secretario autonómico David Serra entre otros; y a los informes de la Sindicatura de Cuentas valenciana; el expresidente autonómico, Francisco Camps, “encomendó a Gerardo Camps [vicepresidente autonómico y aún diputado nacional] controlar las adjudicaciones y las comisiones” que obtenían por las mismas. Comisiones que alcanzarían “el 3% de cada obra” amañada.
Son varias las conversaciones grabadas por el arrepentido Marcos Benavent en las que se menciona que Francisco Camps tenía conocimiento de la situación. En una de ellas, Benavent cuenta cómo el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, se había enfrentado a Camps porque no le llegaba suficiente dinero negro, y éste accedió a sus pretensiones. Máximo Caturla incide en que "el presidente tiene que marcar el criterio para todos o aquí va a haber una guerra de laterales". Según el sumario, existía una auténtica disputa entre distintos dirigentes valencianos para obtener su parte del pastel en negro, porque según Benavent "tras toda adjudicación había una comisión" y "todo el mundo quería conseguirlas".
El dinero obtenido nutría las hasta cinco cajas negras del partido en la Comunitat Valenciana, que tenían un “funcionamiento transversal”.
El informe apunta a que los principales dirigentes del PP valenciano tenían conocimiento de las prácticas ilícitas y trataban de colocar a sus propias empresas amigas con el objetivo de obtener lucro para sí, a terceros o para el partido.
Así sucede con el exconsejero de Educación, Alejandro Font de Mora, que intervino en algunas adjudicaciones bajo sospecha desde CIEGSA, o con el también vicepresidente valenciano, Víctor Campos, que junto a Gerardo Camps "controlaba" las grandes adjudicaciones y además actuaba como "recaudador" regional del partido. No obstante, la trama lamentaba que Víctor Campos recaudaba para él mismo y "mucho para el tuerto", en referencia al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.
Además, de la declaración de Marcos Benavent se desprende que el exdiputado del PP, Ricardo Costa, también influía en las decisiones supuestamente corruptas de Caturla.
Ni Francisco Camps, Gerardo Camps o Font de Mora están imputados de momento. Fuentes de la investigación advierten que quedan centenares de documentos por examinar y numerosos dispositivos informáticos. El expresidente Camps siempre ha negado cualquier relación con los hechos.
La intervención de la Generalitat ya advirtió un agujero de 1.000 millones de euros en el periodo 2001-2013, pero los investigadores se han centrado en un puñado de intervenciones en los que el supuesto fraude "ha quedado acreditado". Se trata de la construcción del IES de Torrevieja y en la edificación de diversos colegios de la denominada "décima licitación". De forma indiciaria, los investigadores consideran probado que el Gobierno valenciano aprobó modificados de obra de un 20% de media con los que abonaban el beneficio a los adjudicatarios que destinaban parte del dinero a la financiación ilegal del PP.
