La investigación acredita la financiación ilegal del PP valenciano

Madrid

El juzgado de instrucción número 18 de Valencia ha levantado por completo este jueves el secreto del sumario correspondiente a la investigación sobre la corrupción del PP valenciano.

Los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil corroboran, según fuentes jurídicas consultadas, la existencia de distintas cajas b en el PP valenciano que permanecían interconectadas y se nutrían de los contratistas con la administración tanto en la Diputación presidida por Alfonso Rus, como en la Generalitat de Francisco Camps. Según los investigadores, había hasta cinco cajas negras del PP en la Comunitat: Tres en Valencia - en el Ayuntamiento, Diputación y Generalitat, y otras dos en Castellón y Alicante-.

Las cajas de Valencia eran "transversales" y la investigación apunta a que el exgerente del PP en la provincia, Juan José Medina, "organizaba" las mismas con la participación de otros dirigentes como el expresidente Francisco Camps, y el exvicepresidente y actual diputado del PP, Gerardo Camps. El expresidente valenciano siempre ha negado a la SER cualquier hecho delictivo y que actuase como recaudador y nexo con la caja b de Génova. La investigación también apunta a que el actual presidente del PP en Valencia, Vicente Betoret, conocía el operativo ilícito.

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Según el sumario, el principal negocio tuvo lugar a cuenta de la construcción de colegios públicos por parte de la Generalitat a través de la empresa pública CIEGSA. La intervención de la Generalitat ya advirtió un agujero de 1.000 millones de euros en el periodo 2001-2013, pero los investigadores se han centrado en un puñado de intervenciones en los que el supuesto fraude "ha quedado acreditado". Se trata de la construcción del IES de Torrevieja y en la edificación de diversos colegios de la denominada "décima licitación". De forma indiciaria, los investigadores consideran probado que el Gobierno valenciano aprobó modificados de obra de un 20 % de media con los que abonaban el beneficio a los adjudicatarios que destinaban parte del dinero a la financiación ilegal del PP.

Varias de estas operaciones se produjeron bajo el mandato del exconsejero de Educación, Alejandro Font de Mora. De hecho, en el sumario hasta ahora secreto existen declaraciones del arrepentido Marcos Benavent que le involucran en el fraude. El testimonio de Benavent, tal y como adelantó la Cadena SER, también es el que involucra a Francisco Camps y a Gerardo Camps en los hechos. Ninguno de los dos está imputado de momento.

Fuentes jurídicas no descartan nuevas citaciones en calidad de investigados porque aún falta por conocer el contenido de centenares de documentos y otros efectos informáticos incautados por la Guardia Civil.