Los Veintiocho aceptan el acuerdo entre las regiones belgas
Bélgica pide el Tribunal de Justicia Europeo que se pronuncie, igual que el alemán, sobre la legalidad del acuerdo comercial
Con esta decisión abren la puerta a una "salvaguarda" regional para todos
El primer ministro belga, Charles Michel (a la izquierda) y el ministro de Exteriores, Didier Reynders, informaban del acuerdo / YVES HERMAN (Reuters)
Bruselas
Sin corbata, camisa blanca y americana gris, Paul Magnette, el nuevo líder del socialismo belga agradece el apoyo que ha obtenido en todos estos días de resistencia al CETA: "Gracias a todos y a todas por vuestros mensajes de apoyo. Han sido tantos que todavía no he conseguido leerlos todos pero os aseguro que me han dado energía".
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Magnette, alcalde socialista de Charleroi, capital de una región industrial en declive desde hace años y presidente de la región de Valonia, ha conseguido en tan sólo 6 días devolver la ilusión a muchos socialistas de corazón a quienes el gobierno flamenco de la NVA y liberales había conseguido arrinconar acusándolos de permisividad cultural tras los atentados terroristas.
La batalla anti CETA ha sido también una batalla contra los grupos políticos flamencos que desde el gobierno han mantenido una actitud despectiva muy dura contra el mundo francófono de este país, más identificado con el socialismo y la democracia cristiana tradicional, fuerzas que se han unido en Valonia y en la región de Bruselas capital hasta conseguir retrasar la Cumbre entre la UE y Canadá.
Socialistas y Democracia Cristiana tienen la mayoría suficiente para aprobar mañana en el parlamento de Namur y Bruselas el acuerdo pactado con el gobierno federal aunque el problema, para Magnette, convertido en 6 días en casi un "héroe" local, será el de evitar que las críticas de la izquierda radical erosionen su nueva popularidad.
No será fácil porque el PTB, un antiguo partido trotskysta que empieza a ocupar puestos en las instituciones federales y los Verdes han convocado varias concentraciones con cacerolas aunque el propio Greenpeace considera un avance el acuerdo logrado: "no elimina los riesgos pero que se pronuncie el Tribunal de Luxemburgo nos parece un avance", dicen en un comunicado.
Las claves
Los problemas del Acuerdo Comercial con Canadá se resumen en tres: los Tribunales especiales de arbitraje, cuyo objetivo es proteger las inversiones comerciales, el control de las OGM y el posible final de las Denominaciones de Origen ya que el acuerdo solo protege algunas de las más de 100 existentes en la Unión Europea.
Estos tres puntos han centrado la oposición de las regiones federales rebeldes que finalmente han conseguido garantizarse una "cláusula de salvaguarda" por la que podrán frenarse importaciones a nivel federal: "El Estado Federal o una entidad federal con competencias agrícolas se reserva el derecho de activar la cláusula de salvaguarda en caso de desequilibrio de mercado incluso si este desequilibrio lo causa un solo producto".
Este derecho puede ser ampliado a todas las regiones europeas con competencias agrícolas según fuentes comunitarias aunque la Comisión y el Consejo Europeo eluden dar las explicaciones técnicas necesarias hasta que los parlamentos regionales de Bélgica hayan confirmado su voto.
Pero el gran tema de oposición al CETA son los nuevos Tribunales de Arbitraje. Su composición, la no profesionalidad de sus jueces y el hecho de que inicialmente se preveía que como en los tribunales de arbitraje existentes fueran las propias empresas afectadas las que decidieran su nominación son una de las razones que han provocado los recelos más grandes ya que este es un sistema pensado inicialmente para las ex colonias europeas.
La Comisión ya modificó su composición para garantizar que los jueces iban a ser nombrados por los estados firmantes del Tratado y que sus funciones serían permanentes aunque sólo trabajarían cuando se diera un caso. Pero Valonia ha exigido garantizar este compromiso inicial y optado por enviar el Tratado a la máxima autoridad judicial europea para garantizar que el contenido que se debe firmar es compatible con la ley existente.
Llevar el acuerdo con Canadá al Tribunal de Luxemburgo no equivale a presentar una denuncia contra nadie, explican fuentes de las Instituciones. Lo que se pide es una "opinión" jurídica una figura que en toda la historia del Tribunal se ha utilizado 20 veces. Y aunque el Tribunal tiene ya varios casos en marcha que como el acuerdo con Singapur pueden fijar un precedente, esta petición sitúa la situación europea al nivel de Alemania que ha llevado este mismo Tratado ante su Constitucional, el Tribunal de Karlsruhe, obligando al gobierno de Merkel a firmar, precisando que retirarán su firma si su tribunal considera que así deben hacerlo.
Una posición muy similar a la que han adoptado las regiones de Bélgica y su gobierno Federal cuyo primer ministro, Charles Michel se ha mostrado muy satisfecho con el acuerdo final por entender que además de responder a las dudas de muchas empresas pequeñas y medianas y de los agricultores, permite a Bélgica resituarse a nivel europeo tras unos días de críticas terribles contra su sistema constitucional.
Un sistema que da a las regiones federales el poder de vetar cualquier acuerdo internacional y del que los belgas se sienten orgullosos aunque el ex primer ministro Verhofstadt, hoy presidente del grupo liberal europeo, ALDE, ha llegado a proponer en esta crisis que los gobiernos y la Comisión declaren otra vez el Tratado tema comunitario. Algo que Merkel obligó a modificar para que se pudiera pronunciar su parlamento por entender que el riesgo de un potencial bloqueo era mejor en estos momentos que la acusación de los partidos populistas de hacer las cosas de espaldas al control ciudadano, algo que tras el debate en Bélgica es difícil que nadie pueda seguir argumentando aunque Verdes e Izquierda Unida creen que el gobierno Valón ha sucumbido a las presiones y críticas Institucionales.
